La ONU advirtió que la falta de datos confiables sobre violencia y discriminación frena la aplicación efectiva de los derechos LGTBI en Colombia, pese a su sólido marco legal.

Con información de la Agencia EFE

La disparidad y la falta de datos confiables sobre violencia y discriminación contra personas LGTBI en Colombia está obstaculizando la implementación efectiva de los derechos que el país ya ha reconocido legalmente, advirtió este viernes el experto independiente de la ONU, Graeme Reid.

Durante una rueda de prensa en Bogotá, Reid subrayó que, aunque Colombia cuenta con «un marco político y legal sólido» de protección, hay «una profunda desconexión entre los ideales constitucionales y las realidades vividas por las personas LGBTIQ+».

Como ejemplo de esta brecha, citó la diferencia entre los 164 asesinatos reportados en 2024 por la Corporación Caribe Afirmativo y los 52 registrados por la Defensoría del Pueblo.

«Esto evidencia la urgencia de mejorar los sistemas de recolección de datos desagregados y confiables», dijo Reid al concluir una visita de casi dos semanas a Colombia.

El experto, que recorrió las ciudades de Bogotá, Cúcuta, Medellín, Cali y Barranquilla, también alertó sobre los altos niveles de violencia que siguen enfrentando muchas personas LGTBI, especialmente las mujeres trans, y llamó a convertir los avances legales en transformaciones concretas.

«A pesar de algunos avances positivos, muchas personas LGTBIQ+ siguen sufriendo discriminación y violencia en su vida cotidiana», afirmó Reid, quien subrayó que la situación es «especialmente grave» para las mujeres trans, que enfrentan un mayor riesgo de violencia motivada por prejuicios.

En concreto, destacó el reciente asesinato de Nawar Jiménez, mujer trans asesinada brutalmente en el norte de Colombia, que definió como ilustración de un «patrón profundamente preocupante de violencia dirigida contra las mujeres trans en Colombia».

Indígenas trans: invisibilizadas y en riesgo

Uno de los grupos más vulnerables identificados durante la visita fue el de las personas trans indígenas. Graeme Reid relató que estas personas sufren exclusión, «incluso dentro de sus propias comunidades, viviendo en una situación de limbo».

«Me impactaron mucho los múltiples desafíos a los que se enfrentan estas comunidades», afirmó el experto.

Añadió que fue el único grupo que, por razones de seguridad, se negó a ser fotografiado durante las reuniones.

«Eso ilustra cuán amenazadas se sienten», resaltó.

Más allá de la violencia, el informe preliminar también alertó sobre brechas en salud, vivienda y educación, en el que destacó altos índices de acoso escolar hacia jóvenes LGBTI y una preocupante deserción, que se traduce en barreras laborales posteriormente.

En salud, preocupa el acceso limitado de personas trans a tratamientos y servicios básicos, así como la persistencia de prácticas discriminatorias como las terapias de conversión, que siguen ocurriendo pese a estar rechazadas por la Asociación Colombiana de Psiquiatría.

El experto también denunció las barreras para mujeres trans migrantes venezolanas, quienes enfrentan violencia, trata, explotación y múltiples obstáculos para acceder a servicios debido a la falta de documentación que refleje su identidad de género.

«Cerrar la brecha»

Reid concluyó su misión haciendo un llamado al Gobierno para respaldar las estrategias ya formuladas con presupuesto y voluntad política.

«Colombia tiene un marco legal admirable y una sociedad civil fuerte, pero necesita cerrar la brecha entre lo legal y lo real. Esa es hoy la gran deuda con la población LGTBIQ+», concluyó.

El informe completo con las conclusiones de esta visita será presentado en junio de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

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