La Fiscalía imputó cargos a Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, señalada como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros, este último agravado por la cuantía.

Redacción Boyacá Siete Días

La imputación fue realizada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien, con base en las investigaciones y el material probatorio recaudado, señaló a la magistrada del Tribunal Superior de Cartagena, Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, por presuntamente desconocer el pronunciamiento de una instancia superior y emitir autos mediante los cuales ordenó al Instituto de Seguros Sociales (ISS) desembolsar, de manera fraccionada, más de 1.600 millones de pesos.

Los hechos se remontan a julio de 2013, cuando la hoy imputada se desempeñaba como jueza laboral del circuito de Barranquilla, en el departamento del Atlántico.

Según explicó la Fiscalía, Ramírez Villanueva ordenó el pago de 1.697 millones de pesos a favor de un pensionado, pese a que existían pruebas y normas que demostraban que las mesadas habían sido canceladas de manera completa y oportuna por el ISS. “Decisión manifiestamente contraria a la ley, en cuanto desconoció las pruebas y normas que demostraban que las mesadas que sustentaban su determinación habían sido pagadas de manera completa y oportuna”, señala el escrito del ente acusador.

La decisión de la entonces jueza Ramírez Villanueva tampoco tuvo en cuenta el pronunciamiento expreso del Tribunal Superior de Barranquilla, que había fijado el crédito en cero, al confirmar que las obligaciones pensionales ya estaban cubiertas. No obstante, la funcionaria incrementó el valor inicial de 571 millones de pesos, que ella misma había liquidado en 2010, al adicionar intereses moratorios e indexación.

Para la Fiscalía, esta actuación generó un detrimento patrimonial para el Estado, al favorecer de manera indebida al accionante y permitir la apropiación de una cuantiosa suma de dinero por conceptos de mesadas que, según la investigación, el ISS había pagado dentro de los términos legales.

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