La Contraloría General de la República hizo un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, en cuantía de 5.077 millones de pesos correspondientes a los pagos efectuados al contratista en virtud del contrato de no consultoría No. 24363 del 2021, por las irregularidades evidenciadas en la ejecución de la actualización catastral con enfoque multipropósito en los municipios de Sativasur, Socha, Socotá y Tasco del departamento de Boyacá.
“El Contrato No. 24360 del 2021 cuenta con el acta de terminación correspondiente y fue formalmente liquidado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) el 28 de diciembre del 2022, no se tiene conocimiento de la existencia de un proceso administrativo sancionatorio en curso al momento de esta revisión, sin embargo, los hallazgos identificados durante la atención de la denuncia, reflejan fallas técnicas relevantes, como el incremento desproporcionado de avalúos y la ausencia de notificaciones individuales predio a predio a los contribuyentes, tampoco se halló evidencia de socialización adecuada ni de la suscripción de actas de colindancia con propietarios”, concluyó la Contraloría.
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