Revuelo ha generado en Colombia la decisión del Ministerio Público de Guatemala de ordenar la captura del exministro de Defensa y actual embajador ante el Vaticano, Iván Velásquez, y de la fiscal general Luz Adriana Camargo, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de Odebrecht.

La Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que expresó su preocupación y manifestó su “rechazo” a la decisión de la Fiscalía del país centroamericano, calificándola como “una acción sin sustento jurídico y contraria a los principios del derecho internacional”.

“Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales. La utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso», indicó la Cancillería.

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A la polémica se sumó el presidente Gustavo Petro, quien no dudó en cuestionar la decisión, acusando a la Fiscalía guatemalteca de obedecer al crimen y no a los ciudadanos.

“La Fiscalía de Guatemala, como la Fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la Fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías”, aseguró.

El mandatario agregó que “las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos. Los crímenes cometidos por las mafias contra el pueblo latinoamericano son crímenes de lesa humanidad, son crímenes internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional, a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer”.

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En un segundo mensaje, Petro cuestionó que la decisión de la Fiscalía de Guatemala representa una muerte moral “nazi y genocida (…) con ayuda de apátridas colombianos igualmente nazis”.