El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió este martes que el Gobierno Nacional ha dado “un paso decisivo hacia la ruptura del orden constitucional” al anunciar que el presidente Gustavo Petro ya firmó el decreto mediante el cual convocará una consulta popular, sin someter la iniciativa a consideración del Congreso de la República.

La reacción del gremio de los comerciantes se produce en un contexto de creciente tensión institucional y violencia, tras el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y una nueva oleada de ataques terroristas en el suroccidente del país.

Según Cabal, con esta decisión “se consuma un golpe de Estado, liderado por Gustavo Petro y sus ministros, que rompe la separación de poderes, socava las reglas del juego democrático y coloca al país en una peligrosa deriva autoritaria”.

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Ante la gravedad del anuncio presidencial, Fenalco hizo un llamado a las instituciones del Estado para que actúen dentro del marco de la legalidad y cumplan su papel constitucional.

“Fenalco hace un llamado firme, sereno y patriótico a todas las instituciones del Estado para que asuman con entereza y responsabilidad su papel histórico en defensa de la Constitución, la legalidad y el orden democrático”, expresó Cabal.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, expresó este martes su preocupación por el decreto emitido por el Gobierno Nacional, al considerar que contraviene principios fundamentales de la Constitución Política y representa una afectación grave al orden democrático del país.

“A pesar de los insistentes llamados al Gobierno Nacional que en las últimas semanas se han formulado por parte de diversos sectores en el sentido de preservar el orden constitucional y democrático, el día de hoy se ha emitido el Decreto que quebranta en forma grave nuestra Constitución Política”, afirmó Mac Master.

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Según el presidente de la ANDI, el contenido del decreto “vulnera el principio constitucional de la separación de las Ramas del Poder Público previsto en el artículo 113 de la Constitución”, lo que considera un rompimiento del equilibrio institucional establecido en el Estado de derecho.

“El Decreto desconoce abiertamente una decisión previa proferida por el Senado de la República”, agregó, en referencia a lo que calificó como una omisión deliberada de la voluntad expresada por el Legislativo.

Posibles responsabilidades legales

Mac Master también advirtió sobre las implicaciones jurídicas de esta medida: “Esta desafortunada decisión erosiona gravemente nuestro orden constitucional y democrático y determina responsabilidad en cabeza de los servidores públicos por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones, en los términos del Artículo 6 de la Constitución Política”.