El alto tribunal deberá examinar el recurso extraordinario presentado por el ente acusador, que cuestiona la decisión de segunda instancia y mantiene abierto uno de los procesos judiciales más observados.

*Por: Nury Vargas.

La Fiscalía General de la Nación llevó el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez hasta la Corte Suprema de Justicia al presentar una demanda de casación con la que busca revocar la absolución dictada en segunda instancia y restablecer la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta inicialmente en su contra.

El recurso, relacionado con los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, fue radicado por la fiscal delegada ante la Corte Suprema y quedó consignado en un documento de más de 100 páginas.

Allí, el ente acusador sostiene que el fallo absolutorio del Tribunal Superior de Bogotá presenta errores que califica como graves y con impacto directo en la legalidad del proceso.

Según la Fiscalía, el tribunal habría incurrido en una valoración equivocada del material probatorio y en una aplicación incorrecta de las normas jurídicas, lo que, a su juicio, terminó por desvirtuar elementos centrales del caso. En la demanda se plantea que varias pruebas relevantes fueron descartadas o analizadas de forma fragmentada, afectando la solidez de la decisión que absolvió al exmandatario.

La casación es un recurso extraordinario que permite a la Corte Suprema revisar sentencias cuando se considera que existen fallas de hecho o de derecho que comprometen la correcta administración de justicia. En este escenario, la Fiscalía solicita que se deje sin efectos la absolución y se confirme la condena de primera instancia.

El trámite ante la Corte no será inmediato. El Alto tribunal deberá estudiar con detalle los argumentos jurídicos, el alcance de las pruebas y la legalidad de la decisión cuestionada, un análisis que puede prolongarse durante meses o incluso años, dada la complejidad del expediente.

Mientras tanto, el proceso continúa ocupando un lugar central en el debate público. El caso de Álvaro Uribe Vélez, una de las figuras más influyentes de la política colombiana reciente, vuelve a situarse en el cruce entre justicia, institucionalidad y polarización, a la espera de una decisión definitiva que ahora queda en manos de la Corte Suprema de Justicia.

*Redactora de Boyacá Sie7E Días.

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