Exgobernador de Casanare imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación

viernes 27 de febrero de 2026, 1:00 pm

Nelson Ricardo Mariño Velandia es investigado por la celebración de un contrato con una caja de compensación familiar para el suministro de las raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Redacción Boyacá Sie7e Días

Nelson Ricardo Mariño Velandia exgobernador de Casanare, no aceptó los cargos que lo señalan de una presunta indebida disposición de recursos públicos destinados al PAE, en un convenio celebrado en el año 2012. Foto: Archivo particular.
Nelson Ricardo Mariño Velandia exgobernador de Casanare, no aceptó los cargos que lo señalan de una presunta indebida disposición de recursos públicos destinados al PAE, en un convenio celebrado en el año 2012.
Foto: Archivo particular.

La investigación da cuenta de posibles irregularidades en el trámite y celebración de un convenio suscrito en 2012 entre la Gobernación de Casanare y una caja de compensación de la región. Según la Fiscalía General de la Nación, el proceso habría generado un detrimento patrimonial cercano a los 794 millones de pesos.

El exgobernador de Casanare, Nelson Ricardo Mariño Velandia, fue imputado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

Mariño Velandia no aceptó los cargos, que lo señalan de una presunta indebida disposición de recursos públicos destinados al Programa de Alimentación Escolar.

El contrato, por 18.294 millones de pesos, tenía como objetivo garantizar el servicio de restaurante escolar para 62.825 estudiantes en diez municipios del departamento. Sin embargo, según la Fiscalía, este fue entregado de manera directa bajo la figura de un acuerdo de asociación, pese a que debió adelantarse mediante licitación pública para garantizar la participación de otros oferentes.

Además, la entidad aseguró que la caja de compensación no contaba con la capacidad técnica, operativa ni financiera para asumir el contrato, por lo que terminó tercerizando el servicio mediante un contrato con una unión temporal por más de 16.694 millones de pesos, lo que incrementó el costo de las raciones.

El mencionado convenio habría generado un detrimento patrimonial de 794 millones de pesos, por el reconocimiento y pago de rubros de legalización del contrato, pólizas y contribuciones, girados en favor de la caja de compensación.

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