Una madre cabeza de hogar asegura que, pese a decisiones judiciales que ordenan protección y manutención para sus hijos, los retrasos y presuntos incumplimientos mantienen a su familia en riesgo.

Por: Nury Vargas.

En la ciudad de Duitama, Alba Isadora Núñez decidió hacer pública su historia. Asegura que, pese a contar con fallos judiciales a su favor, medidas de protección vigentes y denuncias formales, ella y sus dos hijos menores de edad continúan en una situación de vulnerabilidad. Su caso, afirma, no solo refleja violencia intrafamiliar y de género, sino también demoras y falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.

Según su relato, durante aproximadamente ocho años vivió episodios reiterados de agresiones que atribuye al consumo problemático de alcohol de su expareja, Yesid Leonardo Díaz Gómez. La situación —señala— fue escalonando hasta impactar la estabilidad emocional y económica de la familia. En mayo del 2025 fue sometida a una craneotomía por una malformación arteriovenosa cerebral y actualmente cuenta con concepto médico que le impide trabajar.

En agosto del 2025, Núñez afirma que fue obligada a abandonar la vivienda junto con sus hijos en medio de tratos denigrantes. De acuerdo con su versión, su expareja permaneció en la vivienda familiar, conservó el vehículo y continuó administrando dos restaurantes que figuran a nombre de ella ante la Cámara de Comercio, los cuales posteriormente fueron cerrados sin que ella fuera informada.

El 15 de septiembre del 2025 acudió a la Comisaría Primera de Familia de Duitama y a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, la audiencia para definir medidas fue fijada para agosto del 2026, un año después de la denuncia inicial. Ante la demora, interpuso una acción de tutela que fue fallada a su favor el 7 de noviembre del mismo año.

El 13 de noviembre se realizó audiencia de medida de protección y se fijó cuota alimentaria a partir de diciembre. No obstante, según Núñez, la cuota no se ha cumplido en los términos establecidos; señala que el monto adeudado supera los siete millones de pesos, pese a consignaciones parciales por cerca de 800 mil pesos.

La audiencia para medidas definitivas estaba prevista para el 11 de febrero del 2026, pero fue aplazada para el 4 de junio. El 27 de enero de este año se ordenó su restitución a la vivienda, pero encontró los servicios públicos en mora con una deuda cercana a 572 mil pesos en el servicio de agua.

Núñez sostiene que, pese a las decisiones judiciales favorables, no observa consecuencias efectivas frente a los incumplimientos y expresa preocupación por presuntos respaldos en el ámbito político local que podrían afectar la eficacia institucional. “No pido privilegios. Pido justicia”, señala Alba Isadora Núñez.

Redactora de Boyacá Sie7e Días.

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