Investigaciones oficiales y reportes periodísticos han documentado cómo algunas firmas del sector han sido objeto de procesos administrativos y judiciales por presuntas irregularidades.

El reciente escándalo que salpica a alcalde de Paz de Río, Ezequiel Jiménez Cely, por la presunta relación entre una empresa de seguridad de su propiedad familiar y un capo del narcotráfico paraguayo, volvió a poner sobre la mesa una problemática que las autoridades vienen advirtiendo desde hace varios años: la posible infiltración del crimen organizado en el sector de la vigilancia privada en Colombia.

Aunque el caso de Paz de Río aún se encuentra en etapa de verificación y no existen decisiones judiciales, el episodio se suma a una lista de investigaciones, sanciones administrativas y procesos penales que han involucrado a distintas empresas de seguridad privada en el país, algunas de ellas señaladas de facilitar armas, carnés de escoltas o servicios de protección a personas con antecedentes criminales.

De acuerdo con reportes de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia), así como investigaciones periodísticas publicadas por El Espectador, Infobae, Publimetro Colombia, El País y otros medios nacionales, uno de los golpes se produjo en marzo del 2025, cuando las autoridades desmantelaron una red de empresas señaladas de alquilar armas y vincular como escoltas a integrantes de estructuras armadas ilegales.

En ese operativo fueron mencionadas firmas como Pretorian Security Ltda., Securbel Ltda. y Seguridad Sara Ltda., cuyos representantes legales fueron capturados y puestos a disposición de la justicia, mientras avanzaban procesos administrativos paralelos.

En otro frente, se reveló en el 2025 información sobre Hidra Seguridad Ltda., empresa constituida en Bogotá en el 2022, cuyos registros internos habrían incluido a personas con antecedentes relacionados con narcotráfico y el negocio de las esmeraldas. El caso motivó revisiones por parte de los entes de control, sin que hasta ahora se hayan emitido fallos definitivos.

También en junio del 2025 la Supervigilancia ordenó la suspensión de licencias de varias compañías con sede en Barranquilla y actividad en toda la región Caribe, entre ellas Maximus Seguridad privada Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda., OI Security Group Ltda. y Lost Prevention Ltda., tras detectar irregularidades graves en el manejo de armamento, documentación y personal autorizado.

A estos antecedentes se suman actuaciones administrativas y judiciales contra Seguridad Oriental Ltda. y Magal Vigilancia y Seguridad Privada, empresas que han sido objeto de inspecciones especiales luego de que investigaciones periodísticas las relacionaran, de manera presunta, con personajes históricos del narcotráfico y del sector esmeraldero.

En estos casos, las autoridades han insistido en que los procesos continúan en curso y que cualquier responsabilidad deberá ser definida por la justicia.

Dentro de este panorama nacional aparece ahora el caso de Paz de Río, donde una empresa de seguridad privada de propiedad del alcalde, Ezequiel Jiménez Cely, y su hermano, Luis Arturo Jiménez Cely, quedó mencionada tras la captura del narcotraficante paraguayo Néncer Alfonso Ramírez Lozano, alias el ‘Ganadero’, a quien se le encontró documentación que lo acreditaría como escolta.

El hermano y socio del mandatario ha negado cualquier vínculo, mientras se adelantan verificaciones sobre cómo el nombre del capturado apareció en bases de datos oficiales.

Desde la Supervigilancia se ha reiterado que ninguna mención pública equivale a una condena, pero también se ha reconocido que el sector enfrenta fallas estructurales de control que han permitido que empresas legalmente constituidas sean utilizadas, presuntamente, como fachada para actividades ilícitas.

El común denominador de estos casos es la advertencia que hoy vuelve a cobrar fuerza: cuando el sistema de vigilancia privada falla, el riesgo no solo es empresarial, sino de seguridad pública, razón por la cual las investigaciones continúan abiertas y bajo seguimiento permanente de las autoridades.

La entrada Empresas de seguridad privada vuelven a quedar bajo la lupa por presuntos vínculos con estructuras criminales se publicó primero en Boyacá 7 Días.