La EPS alertó que decisiones judiciales sobre recursos clave del sistema de salud han limitado su capacidad financiera y podrían afectar la atención de millones de usuarios.

Por: Nury Vargas

La operación de Nueva EPS atraviesa uno de sus momentos más críticos. Embargos judiciales que superan los 2,1 billones de pesos mantienen comprometido el flujo de recursos y ponen en riesgo la continuidad del servicio para millones de afiliados en el país.

De acuerdo con la entidad, las medidas han sido ordenadas por cuatro juzgados y recaen principalmente sobre pagos dirigidos a prestadores de servicio de salud. “En este momento los embargos amparados por cuatro juzgados del país ascienden a más de 2,1 billones de pesos, poniendo en riesgo la operación de Nueva EPS”, advirtió la EPS en un comunicado oficial.

Los recursos embargados representan, en promedio, el valor total de la operación mensual de la entidad, una situación que limita de manera directa su capacidad administrativa y financiera. Además, el 80 % de las medidas judiciales se concentran en instituciones privadas consideradas entre las más grandes del país.

La cifra no siempre fue de ese tamaño. Según explicó la EPS, el monto se duplicó en noviembre del 2025, cuando pasó de 422.000 millones de pesos a más de 800.000 millones de pesos. Desde entonces, los embargos continuaron en ascenso hasta alcanzar los 2,12 billones de pesos, un nivel que, según la entidad, “compromete directamente toda la operación de la EPS”.

Uno de los puntos más sensibles del caso tiene que ver con los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Nueva EPS recordó que estos dineros tienen protección constitucional. “Los recursos de UPC son inembargables, según el artículo 48 de la Constitución y las leyes 1438 del 2011 y 715 del 2001”, señaló la entidad, aunque reconoció que existen despachos judiciales que han omitido esta normativa.

Las medidas cautelares fueron decretadas por el Juzgado Primero de Florencia, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto Rico (Caquetá) y el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, en procesos promovidos por instituciones prestadoras de servicios de salud que reclaman el pago de obligaciones derivadas de la atención a usuarios de Nueva EPS, muchas de ellas asociadas a cuentas acumuladas durante el periodo de intervención de la entidad.

La situación se agrava por el contexto financiero en el que se encuentra la EPS desde su intervención. La entidad aseguró que actualmente tiene cuentas bancarias bloqueadas y recursos retenidos por parte de las diferentes fuentes de financiación, lo que dificulta aún más el giro oportuno a los prestadores y el uso regular de los fondos de tesorería.

Si los embargos se mantienen, el impacto podría ser mayor. Nueva EPS advirtió que no solo se vería afectada la atención de sus más de once millones de afiliados, sino también la red de aproximadamente 5.000 prestadores en todo el país, muchos de ellos con una alta dependencia financiera de la EPS.

Ante este panorama, la entidad informó que ha desplegado acciones jurídicas y financieras para mitigar los efectos de las decisiones judiciales y garantizar la continuidad del servicio. Además, solicitó la intervención urgente de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio de Salud, con el fin de frenar embargos que, según insistió, recaen sobre recursos de destinación específica para la atención en salud.

Nueva EPS reiteró que los fondos de la UPC, por su naturaleza parafiscal y esencial, no pueden ser objeto de medidas cautelares y advirtió que la sostenibilidad del sistema y la garantía del derecho a la salud están en riesgo si la situación no se corrige de manera inmediata.

Redactora de Boyacá Sie7e Días

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