}Por la demora en la entrega de las bases de datos catastrales actualizadas para la vigencia 2026, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) tiene en jaque a 38 municipios de Colombia, entidades territoriales que en el primer trimestre del año no han podido recaudar recursos del impuesto predial.

Esa afectación no se limita solamente a los municipios como organismo, sino que golpea también a las notarías, las entidades bancarias, las empresas constructoras y a la ciudadanía en general.

Por cuenta de esa parsimonia del IGAC, los municipios a los que no se les han entregado todavía las bases de datos catastrales actualizadas no han podido expedir las facturas para el pago del predial a los contribuyentes.

Al no poder pagar el impuesto predial no es posible contar con el paz y salvo actualizado del predio, lo que impide que las notarías hagan las escrituras públicas. Esto tiene en jaque a los notarios, constructores y banqueros, que se están viendo afectados porque no pueden llevar a cabo plenamente sus actividades económicas.   

Los ciudadanos que tienen pendientes hacer escrituras para conseguir créditos, hipotecar inmuebles o vender un predio tampoco han podido adelantar esos procesos por la falta del paz y salvo actualizado.

Mediante la Resolución 0210, de este año, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi extendió la suspensión de términos de la gestión catastral hasta el 31 de marzo del 2026. Lo peor de todo es que esta es la cuarta vez este año que el IGAC prorroga la entrega de las bases de datos a los municipios.

Según la Resolución 0210, la entrega de las bases de datos catastrales actualizadas para la vigencia 2026 se realizará desde la expedición de la resolución y a más tardar el día de levantamiento de dicha suspensión.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi se excusa en que, debido al proceso de cargue masivo en el Sistema Nacional Catastral (SNC) de la información generada durante el cierre de gestión catastral en los 129 municipios que fueron objeto de actualización catastral, se extendió la suspensión de términos en este sistema hasta el próximo 31 de marzo del 2026.

La demora en la entrega de esa información está perjudicando a los municipios boyacenses de Ciénaga, Gachantivá, Garagoa, Guayatá, La Capilla, Moniquirá, Ramiriquí, Santana, Sogamoso, Somondoco, Soracá, Turmequé y Viracachá.

Además, también afecta a las poblaciones de Tubará (Atlántico); Magangué y Turbaco (Bolívar); La Apartada y Pueblo Nuevo (Córdoba); Agua de Dios, Chocontá, La Calera, Mosquera, Pacho, Suesca y Tocancipá 

(Cundinamarca); Algeciras (Huila); Granada (Meta); La Tebaida (Quindío); Apía, Guática, La Celia y Santuario (Risaralda); Bolívar, Chipatá, San Benito, Simacota y Vélez (Santander), y Caimito (Sucre).

“Las bases de datos catastrales actualizadas requeridas por estos municipios para la emisión de los recibos de cobro del impuesto predial correspondientes a la vigencia 2026, serán entregadas una vez se surtan integralmente todos los procesos de carga en el SNC. En la medida que se remitan los registros a las alcaldías, se levantará la suspensión de términos en dicho municipio, lo cual deberá ocurrir antes del 31 de marzo del presente año”, explica el IGAC.

De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, esta decisión se adopta en el marco de la normativa administrativa vigente y tiene como propósito garantizar que la información catastral se entregue con las condiciones técnicas y jurídicas necesarias para su adecuada utilización por parte de las administraciones municipales.

A la demora del IGAC en la entrega de las bases de datos se suma ahora que, se han presentado aumentos desproporcionados en los avalúos catastrales en más de 520 municipios del país.

Ante esta situación, los congresistas electos del Centro Democrático Óscar Villamizar y Jonathan Pineda interpusieron una acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra la Resolución 2057 del 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que autoriza un incremento significativo de los avalúos catastrales en más del 47 por ciento de los municipios de Colombia.

Los dos congresistas aseguran que, la resolución del IGAC del 30 de diciembre del 2025, aplicada de inmediato, impone aumentos desproporcionados en los avalúos catastrales, lo que afecta a miles de propietarios en el país. Según la demanda, la medida carece de base técnica transparente y fue adoptada sin debate legislativo.

Seguramente en los municipios a los que no se les han entregado aún las bases de datos van a presentarse los mismos inconvenientes de alzas en los avalúos catastrales, lo que originará reclamos por parte de los propietarios de predios, y esto retardará todavía más el proceso de recaudo del impuesto predial.

¡A propósito!, ¿al IGAC quién lo ronda?

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