En una entrevista concedida a La FM de RCN Radio, el abogado constitucionalista Óscar Ortiz González, reconocido por su papel en la promoción de la Séptima Papeleta, cuestionó con firmeza el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la expedición de un decreto para convocar una consulta popular, luego de que el Senado negara su realización. Ortiz calificó la medida como “abiertamente inconstitucional” y alertó sobre un posible “golpe de Estado” institucional.

“El presidente de la República no puede convocar una consulta popular por decreto cuando el Senado ya ha negado el concepto favorable que exige la Constitución”, afirmó Ortiz, aludiendo al artículo 104 de la Carta Magna. Según explicó, cualquier consulta impulsada por el Ejecutivo debe contar con la firma de todos los ministros y un aval previo del Senado, requisito que en este caso fue incumplido.

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El constitucionalista sostuvo que el intento del presidente por desconocer esa negativa legislativa equivale a una violación flagrante de la separación de poderes:

“Esto es una suerte de cierre con cuentagotas del Congreso y también un asalto al Palacio de Justicia, porque el presidente está invadiendo las competencias del legislativo y usurpando las judiciales”.

Frente a la reacción de ocho partidos políticos que calificaron la iniciativa presidencial como un golpe de Estado, Ortiz fue tajante:

“Es imposible exagerar la gravedad del anuncio. Estamos ante un ataque desde adentro de la democracia al Estado de Derecho. Es un prevaricato. Viola principios como la supremacía constitucional, la división de poderes y los derechos políticos fundamentales”.

Además, Ortiz advirtió que la intención del presidente de circunscribir el control del decreto únicamente a la Corte Constitucional es una estrategia para evadir otros frenos institucionales, como el Consejo de Estado, que actualmente estudia una demanda contra la votación del Senado.

“El presidente está tratando de esquivar cualquier contrapeso. El decreto también puede ser objeto de control por parte del Consejo de Estado e incluso de una acción de tutela si no hay otro medio eficaz para impedir su ejecución”, explicó.

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El jurista también dirigió un mensaje directo al registrador nacional, Hernán Penagos, indicando que estará obligado a inaplicar el decreto si este vulnera la Constitución:

“Todo servidor público está obligado a hacer solo lo que la Constitución y la ley le habilitan. Si ese decreto se expide, yo presentaré un derecho de petición para que el registrador no lo aplique, porque estaría violando la Carta Política”.

Ortiz concluyó que lo que está en juego no es una simple decisión administrativa, sino la estabilidad institucional del país:

“Colombia ha enfrentado amenazas graves en el pasado, pero nunca desde adentro del Estado mismo. Este es un momento inusitado para nuestra democracia”.

El anuncio del presidente Petro ha generado un terremoto político y jurídico cuyas consecuencias aún están por definirse. Mientras tanto, el país sigue atento al pronunciamiento de las altas cortes y a las acciones que tomen los órganos de control frente a lo que podría convertirse en uno de los mayores desafíos al orden constitucional en décadas.