La Superintendencia de la Economía Solidaria y la Sociedad de Activos Especiales firmaron un memorando que habilita a organizaciones del sector solidario para encargarse de bienes administrados por el Estado.

En un movimiento orientado a ampliar el alcance de la economía solidaria en la gestión pública, la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) firmaron un memorando de entendimiento que permitirá a cooperativas legalmente constituidas y vigiladas asumir la administración de empresas o bienes del Estado en poder de la SAE.

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Según explicó la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, “este es un paso histórico que reconoce la experiencia de las cooperativas en la gestión de empresas con criterios de equidad, eficiencia y arraigo territorial”.

Añadió que “con este acuerdo, abrimos las puertas para que el sector solidario sea protagonista en la administración de activos estratégicos del país”.

El acuerdo establece que Supersolidaria tendrá a su cargo la verificación y el seguimiento de las cooperativas interesadas en participar en estos procesos. La entidad se encargará de asegurar que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y administrativos exigidos por la SAE.

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El memorando, que hace parte de las políticas del Gobierno Nacional para fortalecer la economía popular y solidaria, también incorpora criterios de inclusión y justicia económica. Se espera que organizaciones solidarias con presencia en regiones apartadas puedan integrarse en la administración de bienes, lo que podría tener impactos en la generación de empleo local y el fortalecimiento empresarial.

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La iniciativa busca promover la transparencia, democratizar el acceso a los procesos de administración de bienes del Estado y potenciar el desarrollo territorial a través de un enfoque solidario.

Con este convenio, el Gobierno apunta a una mayor articulación entre entidades estatales y el sector solidario, en el marco de una estrategia más amplia de descentralización y justicia económica.