El Consejo de Estado negó una solicitud de tutela presentada por el exalcalde Enrique Peñaloza en contra del presidente de la República, Gustavo Petro. El exalcalde Peñaloza había demandado a Petro por supuestamente vulnerar sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.

«No hay lugar a amparar los derechos fundamentales invocados por el accionante, pues este no logró desvirtuar la presunción de primacía de la libertad de expresión, cuya protección se encuentra reforzada cuando, como en este caso se trata de un discurso político que, conforme a la doctrina y la jurisprudencia de las Cortes internacionales de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional y de esta Corporación goza del mayor grado de protección y, por ende, sujeto a menores limitaciones»: concluyó la Sección Quinta del Consejo de Estado.

La demanda de Peñaloza en contra del presidente Gustavo Petro, provino después de uno de los consejos de ministros hechos por Petro donde el primer mandatario, el 4 de febrero de 2025, insinuó que se había lucrado presuntamente de los buses Diésel que había en Bogotá, razón por la cual, según Petro, Peñaloza no quería implementar el sistema de trenes para el transporte de la ciudad.

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Específicamente Petro indicó: «lo que hicimos en Bogotá Humana que fue hacer los estudios de los tranvías en Bogotá porque las empresas que se le midieron en las APPS querían hacerlos, pero Peñalosa no quiere trenes, quiere buses Diesel porque es su negocio, él dice que no es su negocio, pero es el negocio que montó en Bogotá que tiene atrasada a la ciudad y no la deja avanzar.

Tras estas declaraciones del primer mandatario, Enrique a Peñaloza exigió que Gustavo Petro se retractara y buscaba que el Consejo de Estado protegiera su derecho al buen nombre y honra.

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En esta decisión del Consejo de Estado, la Corporación también reconoció a la abogada Carolina Jiménez Bellicia, como apoderada judicial del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en este proceso.