La reforma a la Ley 30 modifica el esquema de asignación de recursos y proyecta un aumento progresivo del presupuesto para las instituciones estatales de educación superior.

_{Sesión del Congreso en la que fue aprobado el proyecto de ley sobre recursos para las instituciones de educación superior públicas. Foto: suministrada a Boyacá Sie7e Días}

*Por: Nury Vargas

El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que fortalece de manera estructural la financiación de las instituciones de educación superior públicas. La iniciativa, que reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, superó su trámite legislativo y quedó a la espera de sanción presidencial.

La reforma establece nuevas reglas para la asignación de recursos a universidades, instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales, con el objetivo de ajustar la financiación a los costos reales de funcionamiento y garantizar mayor sostenibilidad del sistema de educación superior pública.

“Hace diez años, miles de estudiantes salieron a las calles para exigir financiación pública para la universidad pública. Hoy podemos decir, con certeza, que esa lucha no fue en vano. Aquello por lo que se movilizaron es hoy ley de la República”, dijo el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

El ministro informó que el Ministerio de Educación Nacional está preparado para radicar ante el Congreso una reforma integral del sistema de educación superior, con un enfoque que concibe la educación como un derecho. El anuncio estuvo dirigido a estudiantes, docentes, rectores y a la comunidad académica en general.

“Este es un logro colectivo, de un país que ha comprendido que la educación es el primer instrumento para construir la paz. Esto es de ustedes: inscríbanla, celébrenla, y acompáñenos, porque vamos por el segundo tiempo”, expresó Rojas Medellín.

Durante años las instituciones de educación superior públicas han señalado que el crecimiento de la matrícula no estuvo acompañado por un aumento proporcional de los recursos, lo que generó dificultades en cobertura, calidad académica y sostenibilidad financiera. La reforma busca atender esa situación mediante un nuevo esquema de financiación.

A partir de la entrada en vigencia de la ley, los aportes de la Nación dejarán de ajustarse únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se calcularán teniendo en cuenta el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), elaborado por el DANE, lo que permitirá una asignación más acorde con los gastos reales del sector.

El Gobierno nacional reportó que, en los últimos tres años, el presupuesto destinado a las instituciones de educación superior públicas pasó de 5,5 billones de pesos a cerca de 12 billones en el 2025, incluidos los recursos para gratuidad. Para el 2026, la proyección presupuestal supera los 13 billones de pesos. Con la aplicación de la reforma, en el 2027 el sistema recibiría cerca de un billón de pesos adicionales.

Los recursos estarán destinados a ampliar el acceso, mejorar la permanencia y graduación de los estudiantes, fortalecer el bienestar universitario, mejorar las condiciones de docentes y personal administrativo, impulsar proyectos de infraestructura y reducir brechas territoriales y sociales.

La meta de largo plazo planteada por el Gobierno nacional es alcanzar una inversión equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) en educación superior pública, con el fin de acercar a Colombia a estándares internacionales.

El trámite legislativo fue resultado de un proceso de diálogo entre el Ministerio de Educación, las instituciones de educación superior, estudiantes, docentes y otros actores del sector, en el marco del denominado Acuerdo Nacional por la Educación Superior.

Con la aprobación del proyecto, la financiación de la educación superior pública entra en una nueva etapa, a la espera de la sanción presidencial y de su posterior implementación.

*Redactora de Boyacá Sie7e Días

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