Las penas contra los exintegrantes incluyen prisión, sanciones económicas y restricciones para ejercer funciones públicas, bajo las condiciones fijadas por la ley de Justicia y Paz.

*Por: Nury Vargas

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a cinco exintegrantes del Bloque Oriental de las extintas Farc-EP por su responsabilidad en una serie de secuestros, homicidios, desplazamientos forzados y otros hechos violentos perpetrados durante una década de accionar armado en varias regiones del país.

La decisión judicial se produjo tras la valoración de las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de procesos adelantados bajo la ley de Justicia y Paz.

Los hechos juzgados ocurrieron entre 1995 y el 2005 y afectaron a comunidades de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas.

Entre los condenados están Efraín Quiñones Barreiro, señalado como excabecilla de una estructura armada; César Díaz, identificado como articulador de un componente financiero; Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, quien realizaba labores de inteligencia, y los guerrilleros rasos Daniel Zárate Velandia y Jhon Jairo Ramírez. Todos se postularon al proceso de justicia transicional.

De acuerdo con la sentencia, a los cinco excombatientes se les atribuyen 44 hechos criminales que dejaron 165 víctimas directas e indirectas. Las conductas acreditadas incluyen homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y toma de rehenes, entre otros delitos documentados por una fiscal de la Dirección de Justicia Transicional.

Entre los casos analizados por el tribunal figura el desplazamiento forzado del entonces alcalde de San Jacinto (Meta) y de su familia, ocurrido en el 2002. También fue incluido el secuestro del exalcalde de Chiscas (Boyacá), retenido durante tres días en abril de ese mismo año, en medio de presiones del grupo armado ilegal para impedir la realización de elecciones en el municipio.

La sentencia también recoge el secuestro de un agente de la Policía Nacional durante una incursión armada al casco urbano de El Espino (Boyacá), el 9 de junio de 1999. El uniformado permaneció en cautiverio mientras las Farc-EP adelantaban conversaciones con el Gobierno nacional para un denominado intercambio de rehenes, que se concretó en junio del 2001.

Como parte de la condena, los cinco postulados deberán cumplir penas de 180 meses de prisión, una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. El fallo contempla los beneficios establecidos en la ley 975 del 2005, condicionados al cumplimiento de las obligaciones y compromisos fijados por el tribunal.

*Redactora de Boyacá Sie7e Días

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