El gremio constructor advierte que la iniciativa del Gobierno podría reducir la oferta de vivienda de interés social y encarecer los costos de construcción, afectando el acceso de miles de hogares.

*Por: Yuliana Bohórquez.

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) expresó su preocupación frente al borrador de decreto del Ministerio de Vivienda que propone fijar el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) exclusivamente en pesos colombianos y limitar su referencia al salario mínimo desde las etapas iniciales de comercialización.

Según el gremio, la iniciativa introduce un control artificial de precios que podría generar efectos adversos en el mercado de vivienda, como una menor oferta y mayores barreras de acceso para familias que buscan adquirir una vivienda. Camacol advirtió que esta medida desconoce el marco legal vigente, el cual permite fijar el valor de la vivienda en pesos o en salarios mínimos y establece que el precio definitivo es el vigente al momento de la escrituración.

El presidente ejecutivo de Camacol, Guillermo Herrera, señaló que “el proyecto de decreto genera dudas sobre las facultades legales del Ejecutivo para intervenir de manera directa en el mercado de vivienda y podría alterar reglas clave que garantizan la viabilidad de los proyectos VIS”, dijo.

El gremio también recordó que el desarrollo de una vivienda no es inmediato, pues implica procesos de planeación, preventa, construcción y entrega que pueden extenderse entre cuatro y cinco años. “Durante este tiempo se presentan variaciones en costos, materiales, tasas de interés y regulaciones, lo que obliga a realizar ajustes razonables en los precios futuros para asegurar la sostenibilidad de los proyectos”, explicó Herrera.

A este panorama se suma el incremento del 23 % del salario mínimo, que impacta directamente los costos de construcción en un sector altamente intensivo en mano de obra. Camacol estima que este aumento podría elevar entre un 10 % y un 15 % los costos de construcción de la nueva oferta de vivienda.

Asimismo, el gremio advirtió que modificar las condiciones de fijación del precio desde las etapas iniciales afectaría el acceso de los hogares a instrumentos clave de la política de vivienda, como subsidios de cajas de compensación y de entidades territoriales, así como a créditos con tasas preferenciales, los cuales se determinan con base en el valor de la vivienda al momento de la escrituración.

Finalmente, reiteró que ha mantenido una relación de trabajo colaborativo con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para aclarar los mecanismos de indexación y precisó que en ningún caso se ha prohibido la venta de viviendas referenciadas al salario mínimo, siempre que se informe de manera clara y responsable a los compradores.

Redactora de Boyacá Sie7e Días.

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