El ministro del Interior, Armando Benedetti, desmintió este lunes que el Gobierno Nacional haya congelado el decreto de convocatoria a una consulta popular.

“No, es cierto que se congela el tema de la consulta. Antes del atentado (a Miguel Uribe) ya todos los ministros habían firmado eso”, aseguró Benedetti, en referencia al documento que autoriza la realización de la consulta popular promovida por el Gobierno.

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Benedetti agregó que: “la única forma que se le quitaría fuerza a ese decreto sería si hubiera un gran acuerdo político dentro del Senado. En la plenaria, lo que quisiéramos nosotros es que se aprobara algo que viene de la Cámara, pero no porque es del Gobierno, sino porque está concertado con los campesinos, con los sindicatos, con los gremios, con los diferentes partidos. Y hay ahí una buena reforma que sería un triunfo para los derechos laborales”.

El ministro explicó que el decreto ya recibió el respaldo del gabinete ministerial durante el fin de semana anterior, por lo que no existe ninguna intención de frenar su publicación.

Respecto a la fecha exacta en la que se expedirá el decreto, Benedetti indicó que aún se está evaluando, ya que falta la firma del presidente Gustavo Petro.

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“Eso es lo que estamos decidiendo”, afirmó el jefe de la cartera política, quien también recordó que el plazo legal para emitir el documento vence el próximo 12 de junio.

Aclaró que el Gobierno sigue comprometido con la realización de la consulta, y que el trámite del decreto avanza dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente.

Además, mencionó que el presidente Petro mantiene su intención de viajar a Cali (Valle del Cauca) el 11 de junio para participar en las movilizaciones convocadas por las centrales obreras. Durante este evento, se espera que el mandatario socialice el contenido del decreto con la ciudadanía.

La consulta popular, impulsada por el Ejecutivo, busca respaldar desde las urnas algunas de las reformas propuestas por el Gobierno, especialmente en el sector laboral.

Aunque la iniciativa ha generado controversia en distintos sectores, el Gobierno reiteró que seguirá adelante con el proceso, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales.