La actualización masiva de los avalúos catastrales rurales, ordenada desde el nivel central del Estado, comienza a sentirse con preocupación en los municipios de Boyacá y amenaza con convertirse en uno de los mayores dolores de cabeza fiscales, sociales y políticos para los alcaldes, especialmente en un contexto de alta sensibilidad electoral.
Foto: archivo Boyacá Sie7e Días
La medida tiene su origen en el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, expedido por el Gobierno Nacional, que ordenó un reajuste excepcional de los avalúos rurales con rezagos superiores a cinco años.
Su ejecución técnica quedó en manos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que a finales del 2025 expidió la resolución mediante la cual se aplican incrementos porcentuales significativos en cientos de municipios del país, entre ellos buena parte del territorio boyacense.
Aunque se trata de una decisión nacional, su impacto real se manifiesta en el ámbito local: el aumento del avalúo se traduce en un incremento del impuesto predial rural, tributo que deberán de recaudar de inmediato los municipios y que pagarán directamente los propietarios de dichos predios.
Boyacá, un territorio especialmente vulnerable
En Boyacá, departamento con marcada vocación agrícola y predominio de pequeña propiedad rural, el impacto de la medida es particularmente sensible.
Durante décadas, amplias zonas del campo boyacense mantuvieron avalúos catastrales bajos, lo que ahora sirve de argumento técnico para justificar incrementos que en algunos casos superan ampliamente el 300, 500 o incluso el 1.000 por ciento.
El problema es que el ajuste llega a territorios donde la tierra no es un activo especulativo, sino un medio de subsistencia. La mayoría de los productores rurales enfrentan ingresos bajos, alta dependencia del tiempo atmosférico, costos crecientes de insumos y una rentabilidad cada vez más estrecha. En ese contexto, el impuesto predial, tradicionalmente marginal, pasa a convertirse en un costo fijo relevante dentro de la economía campesina.
El predial sube, el malestar también
Si bien la ley contempla topes al crecimiento anual del impuesto predial, el nuevo avalúo establece una base mucho más alta que tendrá efectos permanentes en el tiempo. A esto se suman impactos indirectos como mayores costos en procesos de compraventa, sucesiones, impuestos de registro y posibles efectos en renta y ganancia ocasional.
El resultado previsible es un aumento del malestar rural, con mayores niveles de mora en el pago del predial y, en algunos casos, presión económica sobre pequeños propietarios que podrían verse obligados a vender o abandonar la actividad productiva.
Alcaldes, entre la norma y la ciudadanía
Uno de los aspectos más críticos de la situación es el traslado del costo político. Aunque la decisión fue tomada por el Gobierno Nacional, diseñada por el Departamento Nacional de Planeación y ejecutada técnicamente por el IGAC, quienes deben dar la cara ante la ciudadanía son los alcaldes municipales.
El reto ahora será evitar que una medida pensada para fortalecer las finanzas públicas municipales termine convirtiéndose en un factor de inconformidad social y política. Para ello, expertos coinciden en que se requiere pedagogía, gradualidad, alivios reales y, sobre todo, claridad ante la opinión pública sobre quiénes son los verdaderos responsables de una de las decisiones tributarias más sensibles de los últimos años para el sector rural.
L.F.L.R.
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