Asocapitales advierte que el impacto fiscal del Decreto de Emergencia Económica sería irreversible

sábado 17 de enero de 2026, 6:00 am

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) pidió a la Corte Constitucional suspender de manera provisional el decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en el país.

*Redacción Boyacá Sie7e Días

La Asociación de Ciudades Capitales pidió a la Corte Constitucional suspender provisionalmente el Decreto de Emergencia Económica y Social emitido por el Gobierno Nacional. Foto: Cuenta oficial de X Asocapitales.

La entidad alertó sobre las consecuencias que tendría para las finanzas territoriales la aplicación del Decreto 1390 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional en diciembre pasado. Según Asocapitales, las medidas contempladas podrían generar impactos fiscales y jurídicos irreversibles.

Mediante un comunicado, la Asociación presentó ante la Corte Constitucional una coadyuvancia formal a la solicitud de medida cautelar radicada por el Distrito de Medellín. En el escrito, pide suspender los efectos del Decreto 1390 de 2025, del Decreto 1474 de 2025 y de cualquier otro que se expida con base en esa declaratoria.

“Asocapitales considera que los hechos invocados por el Gobierno no cumplen los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad y gravedad exigidos por el artículo 215 de la Constitución, pues se trata de situaciones estructurales y previsibles que deben atenderse mediante instrumentos ordinarios”, señala el documento.

La petición busca frenar de inmediato los efectos del decreto mientras la Corte adopta una decisión de fondo sobre su validez constitucional, en el marco del control automático que aplica para este tipo de medidas excepcionales.

La Asociación insiste en que las circunstancias citadas por el Gobierno corresponden a problemáticas permanentes del Estado, que pueden ser atendidas con mecanismos ordinarios de planeación, gestión administrativa y presupuesto público.

Además, advierte que mantener vigentes los efectos del decreto podría afectar el equilibrio entre las ramas del poder público y comprometer la autonomía de municipios y distritos.

Finalmente, recuerda que la Corte Constitucional ha establecido que la suspensión provisional procede cuando las normas sometidas a control resultan incompatibles con la Constitución Política de Colombia y generan efectos potencialmente irreparables.

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