Advierten de vertimientos de aguas residuales en el río sin los permisos correspondientes y posibles afectaciones ambientales y de salud pública.
Por: Yuliana Bohórquez

Un Juzgado de Tunja admitió una acción popular interpuesta por la Procuraduría 32 Judicial Ambiental, Minero Energética y Agraria contra el municipio de Sutamarchán, Corpoboyacá y la empresa de servicios públicos domiciliarios de Sutamarchán, por presuntas irregularidades en el manejo de aguas residuales.
Según el auto, la demanda busca reconocer el derecho a: “el goce a un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, manejo y aprovechamiento racional de los recursos ambientales, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna”, se lee.
De acuerdo con la Procuraduría, desde el 2024 se han venido denunciando descargas de aguas residuales sobre el río Sutamarchán, derivadas de obras de alcantarillado “en desarrollo del proyecto de alcantarillado No. 008 del 2019 y sin contar con los permisos ambientales correspondientes”, manifiestan.
A esto se suma un presunto incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), así como la falta de control y seguimiento por parte de las autoridades competentes.
Señalan también que algunos de estos vertimientos se estarían realizando a cielo abierto y directamente sobre una fuente hídrica utilizada para el riego de cultivos, “representando un grave riesgo para la salud pública y la vida, pues están expuestos a agentes que provocan infecciones gastrointestinales, cáncer, daños neurológicos e incluso la muerte”, señala.
En consecuencia, el accionante solicita medidas urgentes para detener la contaminación y garantizar la adecuada prestación del servicio de alcantarillado, así como la protección de los recursos naturales del municipio.
Con la admisión de la acción popular, el proceso entra en etapa judicial, en la que se evaluarán las responsabilidades de las entidades demandadas y se definirán las acciones necesarias para proteger los derechos de la comunidad.
Redacción Boyacá Sie7e Días
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