Hoy se cumplía el plazo para que el Invías diera una solución de fondo a la problemática que ha generado la instalación de reductores de velocidad tipo banda sonora.

Las comunidades que hacen parte del corredor vial de Puntalarga, en jurisdicción de Santa Rosa de Viterbo y Nobsa, se reunieron una vez más para tratar con las autoridades correspondientes la problemática que les ha generado la instalación de varios reductores de velocidad. Afirman que ya no soportan más vivir entre el exceso de ruido, las vibraciones en sus casas, la polución y los accidentes que ha generado esta herramienta que era para minimizar la tasa de accidentalidad, pero que lo que ha hecho es aumentarlos.

En la entrada a la vereda de Dichó, habitantes de los sectores Ucuengá, Dichó, Puntalarga y San Martín (de Nobsa), así como El Salitre (de Santa Rosa), indicaron que si no hay una solución definitiva por parte del Invías, nuevamente cerrarán la carretera, pues ya no aguantan más el malestar que les ha causado la instalación de dichas franjas reductoras de velocidad.

Al lugar llegaron los mandatarios de Nobsa, Ricardo Granados, y de Santa Rosa de Viterbo, Juan Alexis Martínez; el Instituto de Tránsito de Boyacá (Itboy); el asesor para las regiones de Boyacá; el Instituto Nacional de Vías (Invías); la Defensoría del Pueblo; diputados, concejales, lideres de las comunidades y habitantes de las veredas y sectores afectados por la instalación de los reductores.

Pedro Fajardo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Puntalarga, entre lágrimas expresó la situación que vive junto con su familia pues los vehículos pesados no respetan las horas de la noche y pasan a toda velocidad haciendo un ruido estruendoso que no los deja dormir; sus casas vibran como si recibieran martillazos y que los niños se están afectando.

“Agradezco al alcalde de Nobsa por las gestiones, pero esto es un problema, no podemos ni dormir, tenemos niños pequeños que se sobresaltan con ese ruido, esto no lo podemos seguir aguantando, ya no más, estamos cansados de sufrir con esto y no es justo que tengamos que vender la casa y salir de aquí si hemos luchado por Puntalarga”, expresó con dolor el líder comunal.

El alcalde de Nobsa tomó el micrófono y le pidió a los diputados y concejales presentes que lo acompañen al Invías nacional en comisión, representando a la comunidad de este sector para pedirle personalmente que levante los reductores.

“Yo los entiendo, no sé cómo lo vamos a lograr, yo hago como alcalde lo que puedo y lo que está en mis manos. Vamos a ir al Invías en Bogotá para que nos escuchen, no han nombrado director todavía, pero ya debe haber alguien que nos tiene que escuchar”, sostuvo Ricardo Granados.

Un ciudadano tomó la palabra y dijo que están en pie de lucha y que al Invías no le interesa la salud de los habitantes de este sector y que lo único que le interesa es cumplir con un contrato de esos reductores que no son realmente legales.

“Las cintas sonoras son máximo de un centímetro y estas miden 2,4 centímetros, son ilegales, ustedes Invías lo que necesitan es seguir con el negocio de poner todas estas cintas. Gracias a quienes nos han ayudado, pero queremos el derecho a la salud y a vivir dignamente; solicitamos que venga del Invías una persona que tenga poder de decisión y que nos dé una respuesta concreta”, manifestó.

Tras las intervenciones, las autoridades se reunieron en privado y concluyeron que se van a instalar dos cámaras de velocidad por la Alcaldía de Nobsa, dos por la de Tibasosa y cuatro que aportará la Gobernación de Boyacá.

Se acordó que el próximo martes se iniciarán las obras para reducir el diámetro de los reductores y desde ya se organiza la comisión que irá al Invías nacional propuesta por el alcalde de Nobsa.

Sin embargo, la comunidad anunció que interpondrá una acción popular solicitando que retiren los reductores totalmente, de tal manera que, si por un fallo judicial los pusieron, que otro fallo judicial ordene que los quiten.

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