La decisión judicial ordena hacer efectiva la pena de 84 meses de prisión, una multa equivalente a 220 salarios mínimos legales mensuales vigentes y siete años de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Después de varios años de trámite judicial, la justicia dio un paso definitivo en uno de los procesos penales de mayor repercusión para los duitamenses.

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo libró orden de captura contra el exmagistrado Fabio Ignacio Mejía Blanco para hacer efectiva la condena impuesta en su contra.

La decisión judicial ordena el cumplimiento de una pena de 84 meses de prisión (siete años), el pago de una multa equivalente a 220 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por siete años.

Aunque el despacho judicial concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, con fundamento en las condiciones de salud acreditadas por el condenado, la orden de captura marca el inicio de la ejecución de la pena impuesta por la justicia.

El abogado José Luis Valenzuela, apoderado judicial del empresario Arnulfo Grimaldos Blanco afectado dentro de este proceso, señaló que esta decisión representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la confianza en la administración de justicia.

Valenzuela manifestó: “Duitama ha pagado durante años un precio demasiado alto por la corrupción. Que esta condena marque un precedente y el comienzo de una nueva etapa para nuestra ciudad: una etapa en la que ningún servidor público vuelva a sentirse intocable ni a creer que puede abusar del poder sin responder ante la justicia. La impunidad tiene que quedar en el pasado».

Y añadió: «en el 2017, cuando apenas tenía 29 años, asumí la representación de una de las víctimas de este proceso y le dije a Fabio Mejía Blanco, entonces magistrado en ejercicio de sus funciones, que algún día tendría que responder ante la justicia por el daño que, a mi juicio, le había causado a Duitama. Hoy, acercándome a mis 40 años, he madurado como abogado y como persona, pero hay algo que no ha cambiado y jamás cambiará: mi palabra». Valenzuela recalcó que, este proceso también reafirma la forma en la que ha ejercido la profesión durante toda su carrera.

«Cuando doy mi palabra a una persona o a una empresa, la cumplo. Cuando asumo una causa, lucho hasta el final, sin importar cuánto tiempo tome. Ese ha sido siempre mi sello profesional y seguirá siendo la forma en la que ejerceré la abogacía», dijo.

El abogado agregó que, esta decisión envía un mensaje claro sobre la importancia de que las sentencias no permanezcan únicamente en el papel, sino que se ejecuten conforme a la ley y con pleno respeto por las garantías procesales.

Además, afirmó que, la orden de captura y el inicio de la ejecución de la condena representan uno de los hitos judiciales de mayor repercusión para los duitamenses en las últimas décadas.

«Más allá de la sanción impuesta, la decisión envía un mensaje claro de que ninguna persona, por importante que haya sido el cargo que ocupó, puede estar por encima de la ley y que la corrupción no puede volver a quedar impune», sostuvo.

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