La denuncia penal señala que un desarrollo urbanístico habría intervenido rondas hídricas, alterado microcuencas, construido lagunas artificiales y transformado un ecosistema protegido. La acción judicial solicita investigar a cuatro personas y a una sociedad por presuntos delitos ambientales.

Una denuncia penal de 17 páginas, respaldada con conceptos técnicos, registros fotográficos, imágenes aéreas, documentos administrativos y otros elementos probatorios, solicita investigar las presuntas afectaciones ambientales ocasionadas durante el desarrollo del proyecto «Nuestra Señora del Buen Suceso – San Jacinto de Nelvic», ubicado en la vereda Sabana, del municipio de Villa de Leyva.

La denuncia fue presentada por el abogado Kristhian Yezid Amaya Chaparro, quien solicita a la Fiscalía adelantar una investigación por los presuntos delitos de deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental e invasión de áreas de especial importancia ecológica, contemplados en los artículos 330, 333, 334 y 336 del Código Penal colombiano.

Los denunciados son María Victoria Solarte Daza, Misael Chávez Sánchez, José Alejandro Herrera Carvajal, Carlos Lleras Figueroa y la sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. en Liquidación, quienes, de acuerdo con el documento, ejercían funciones relacionadas con la dirección y administración del proyecto inmobiliario. La denuncia corresponde a una etapa preliminar y no implica una declaración de responsabilidad penal.

Una licencia limitada y obras de gran magnitud

El expediente sostiene que el Municipio de Villa de Leyva otorgó en mayo de 2022 una licencia urbanística exclusivamente para construir una vivienda unifamiliar de aproximadamente 551 metros cuadrados.

Sin embargo, la misma documentación oficial citada en la denuncia indica que dicha autorización no incluía excavaciones, movimientos masivos de tierra, construcción de lagunas artificiales ni intervenciones sobre cuerpos de agua o zonas de protección ambiental. Posteriormente, los promotores solicitaron ampliar la licencia para ejecutar nuevas obras, entre ellas un lago artificial.

Durante el análisis técnico, la Secretaría de Planeación identificó que parte del proyecto se encontraba afectado por la cuenca del río Cane y la microcuenca de la quebrada El Roble, donde existen rondas de protección hídrica cuya intervención está restringida. Como consecuencia, la administración municipal negó la modificación de la licencia y posteriormente rechazó también su revalidación.

Las obras habrían continuado

Pese a esas decisiones administrativas, la denuncia sostiene que las intervenciones continuaron. Posteriormente, Corpoboyacá realizó una visita técnica al predio, en la cual, según el documento, fueron encontradas excavaciones, canales, zanjas, tuberías, adecuaciones hidráulicas, edificaciones y otras obras ejecutadas dentro del proyecto.

Las fotografías e imágenes aéreas anexadas al expediente muestran, según el denunciante, la construcción de varias lagunas artificiales, modificaciones sustanciales del relieve natural, nuevas vías internas y explanaciones que superarían ampliamente el alcance de la licencia inicialmente concedida.

El eje de la investigación

La denuncia plantea que el proyecto habría transformado de manera progresiva un ecosistema estratégico mediante la remoción de cobertura vegetal, tala de árboles, alteración del drenaje natural, excavaciones de gran escala y ocupación de sectores sometidos a protección ambiental.

Para el denunciante, todas estas actuaciones deberán ser verificadas mediante inspecciones judiciales, estudios periciales e investigaciones técnicas que permitan establecer el verdadero alcance del impacto ambiental.

Cuatro delitos estarían bajo la lupa

La Fiscalía deberá determinar si los hechos denunciados pueden adecuarse a cuatro figuras penales incorporadas en la legislación ambiental colombiana.

La primera corresponde al delito de deforestación, relacionado con la presunta remoción de árboles y cobertura vegetal sin autorización.

La segunda hace referencia a daños en los recursos naturales y ecocidio, figura fortalecida por la Ley 2111 de 2021 para sancionar afectaciones graves y sistemáticas sobre los ecosistemas.

También se solicita investigar una eventual contaminación ambiental, derivada de las modificaciones sobre el suelo y el recurso hídrico.

Finalmente, la denuncia plantea una posible invasión de áreas de especial importancia ecológica, debido a que parte de las obras se habrían ejecutado sobre rondas hídricas, microcuencas y otras áreas sometidas a restricciones ambientales.

Un caso con gran impacto

Más allá de los nombres de los denunciados, el expediente pone nuevamente en evidencia la creciente tensión entre el desarrollo inmobiliario y la conservación ambiental en Villa de Leyva, uno de los municipios con mayor valor paisajístico y ecológico del país.

Las autoridades deberán establecer ahora si las intervenciones descritas en la denuncia corresponden únicamente a posibles infracciones administrativas o si, por el contrario, alcanzan la gravedad suficiente para configurar delitos ambientales contemplados en el Código Penal.

El caso adquiere especial relevancia porque involucra figuras penales relativamente recientes, como el ecocidio, incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 2111 de 2021 para fortalecer la protección de los ecosistemas frente a daños de gran magnitud.

La denuncia solicita que la Fiscalía practique de manera inmediata las diligencias investigativas, preserve las pruebas, determine la dimensión real de la afectación ambiental y, si encuentra mérito suficiente, formule imputación contra los denunciados.

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