El Gobierno nacional expidió los decretos 0707 y 0708 de 2026, dos normas que buscan fortalecer la formalización minera, garantizar acceso a financiación y ofrecer alternativas de desarrollo productivo para las comunidades que requieran transformar su actividad económica.

La iniciativa convierte a la pequeña minería en el eje de una política integral que reconoce el papel de quienes, desde diferentes regiones del país, han trabajado tradicionalmente en la extracción de minerales, muchas veces sin acceso a herramientas de financiamiento, asistencia técnica o programas de fortalecimiento empresarial.

Uno de los avances más importantes es la puesta en marcha del Fondo de Fomento Minero, creado mediante el Decreto 0707 del 7 de julio de 2026. Esta entidad contará con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, lo que le permitirá gestionar recursos públicos, territoriales y de cooperación internacional para respaldar proyectos de formalización, innovación, tecnificación y seguridad minera.

Además busca facilitar el acceso a recursos, el fondo acompañará a los pequeños productores en todas las etapas de la cadena productiva, desde la capacitación y el fortalecimiento de capacidades hasta la transformación y comercialización de los minerales, promoviendo una actividad más rentable y sostenible.

A través del Decreto 0708 se reglamentó el Programa de Reconversión Productiva de Actividades Mineras, una estrategia orientada a garantizar que ninguna comunidad quede rezagada en los procesos de transición económica.

Esta herramienta ofrecerá rutas de emprendimiento, formación para el trabajo, certificación de competencias laborales y acceso a nuevas oportunidades de empleo. Además, permitirá la articulación con entidades como el SENA, Prosperidad Social y diferentes ministerios para construir alternativas económicas sostenibles desde los propios territorios.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que estas decisiones marcan un precedente para el sector al crear mecanismos permanentes de apoyo a los pequeños productores.

“Estos decretos marcan un antes y un después para la minería colombiana. Por primera vez el Estado crea una institucionalidad robusta para respaldar al pequeño minero y, al mismo tiempo, garantiza que la transición minera sea verdaderamente justa, con oportunidades, financiación, formación y acompañamiento para las comunidades. La riqueza del subsuelo solo tiene sentido si se convierte en bienestar, dignidad y desarrollo para la gente”, afirmó el funcionario.

Desde el Gobierno nacional se destacó que esta nueva arquitectura institucional busca consolidar una minería más formal, segura, productiva y sostenible, reconociendo el aporte de miles de pequeños mineros que históricamente habían permanecido al margen de los instrumentos estatales de apoyo y financiamiento.

Para regiones con tradición minera como Boyacá, donde esta actividad ha sido durante generaciones una fuente de empleo y arraigo cultural, las nuevas disposiciones podrían representan una oportunidad para fortalecer el sector, mejorar las condiciones de trabajo y avanzar hacia modelos productivos más sostenibles, sin dejar de lado a quienes han construido su proyecto de vida alrededor de la minería.

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