El representante a la Cámara Pedro José Suárez Vacca, condenado en primera instancia a cinco años, ocho meses y 24 días de prisión por el delito de prevaricato por accion agravado, anunció que apelará la decisión de la Corte Suprema de Justicia en su contra.

Recalcó que, considera con suficiente asidero jurídico y probatorio los argumentos de su defensa y que confía en que, una vez sean analizados por los magistrados de la segunda instancia, lograrán obtener definitiva sentencia en su favor.

En el fallo de la Sala Especial de Primera Instancia dice que, la defensa de Suárez Vacca intentó enmarcar la conducta dentro de un posible error derivado de la carga laboral del despacho y de la práctica consistente en delegar en otros funcionarios la elaboración de proyectos de providencia para su posterior revisión y suscripción.

“(…) tal explicación no resulta de recibo en este caso. Sobre ello, el propio procesado reconoció, tanto en su indagatoria como en el interrogatorio rendido en juicio, que las decisiones relacionadas con la concesión de subrogados penales eran proyectadas directamente por él, circunstancia que descarta que las irregularidades advertidas puedan atribuirse a terceros o a una deficiente labor de apoyo de sus colaboradores. Además, no puede soslayarse que el procesado distaba de ser un lego en la materia. Por el contrario, su amplia trayectoria como juez de ejecución de penas durante más de seis años evidencia que contaba con un conocimiento cualificado de la normativa aplicable al reconocimiento de subrogados penales y de los presupuestos sustanciales y procesales que condicionaban su otorgamiento (…)”.

Suárez Vacca señala a su favor que, este proceso tuvo su origen en unos actos de retaliación política de personas con alto poder económico y político de la extrema derecha de nuestro país, que al tenor de pruebas obrantes en el expediente, demuestran corresponder a actos de odio y venganza, como consecuencia de la sanción disciplinaria impuesta al entonces ministro de Justicia y del Interior del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Fernando Londoño Hoyos, quien fuera destituido e inhabilitado por la Procuraduría.

“(…) hoy pretenden darle la razón en un debate que ya fue decidido por todas las instancias judiciales y disciplinarias, en mi favor. De ello, dan cuenta, reitero, varias pruebas contenidas en este expediente, y así lo vienen destacando incluso, varios personajes de la derecha nacional, a través de sus redes sociales”, afirma Suárez.

Ojalá los argumentos que presentará la defensa del representante ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sean más contundentes que lo expresado en su comunicado de prensa.

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