A diferencia de algunas personas amigas, sigo creyendo que la desobediencia civil no es una movilización liderada por los partidos políticos, casi siempre tentados a convertir toda indignación en capital electoral. La entiendo mejor como una movilización que se nutre de la infinidad de movimientos sociales que hacen resiliencia desde lo local, desde el barrio, la vereda, la comunidad y también desde las redes. Hablaría de la sociedad en red, o quizá de la trama profunda de la cultura. Esos movimientos existen mucho antes que las marchas mismas y sobreviven mucho después de que estas terminan. Se fortalecen en la confianza construida día tras día, cara a cara, en los territorios.

Una movilización alimentada por la desobediencia civil busca cambiar las dinámicas de la política y crear otra manera de hacer política; un lenguaje distinto; un orden político nacido de la participación y no únicamente de la representación, o, mejor dicho, una representación permanentemente sometida a la participación ciudadana y vigilada por ella. Busca abrir el sistema político a las miles de experiencias locales y a las expresiones culturales que nacen y resisten en los microterritorios. Pretende romper los liderazgos individuales y mesiánicos para sustituirlos por liderazgos colectivos capaces de sumar inteligencias, diversificar lenguajes, ampliar horizontes, debilitar dogmas y asumir la libertad como horizonte compartido.

No se trataría de que los viejos partidos, de izquierda o de derecha, incorporen algunas demandas sociales a sus programas. Se trataría de algo mucho más profundo: que emerjan nuevas formas de organización política construidas desde abajo, desde la diversidad, desde la pluralidad y desde la riqueza cultural de los territorios. Se trataría de transformar el Estado transformando primero la cultura política. De construir una democracia alimentada por la experiencia cotidiana de mujeres y hombres organizados, una democracia que no se limite al acto de votar cada cuatro años.

Quizá aquí convenga hacer una precisión que el paso del tiempo vuelve necesaria. La desobediencia civil no debería organizarse únicamente alrededor de los gobiernos de turno. Si depende exclusivamente de quién ocupe el poder terminará convirtiéndose en un instrumento partidista. Su verdadera fuerza consiste en organizarse alrededor de causas capaces de interpelar a toda la sociedad.

Pienso, por ejemplo, en una desobediencia civil permanente contra la guerra que Colombia arrastra desde hace tantas décadas; una desobediencia civil contra la corrupción, sin importar quién gobierne; una desobediencia civil contra toda forma de discriminación que niegue la dignidad de cualquier persona. Esas luchas no pertenecen a un partido. Pertenecen al país. Son causas que deberían movilizar por igual a quienes votaron por el gobierno y a quienes votaron por la oposición.

Desobedecer no significa destruir la democracia. Significa recordar que la democracia no termina el día de las elecciones. Entre una elección y otra existe un inmenso territorio de participación, vigilancia e incidencia política que ninguna ciudadanía debería abandonar. La desobediencia civil constituye quizá una de las expresiones más exigentes de esa ciudadanía porque obliga al poder a escuchar sin recurrir a la violencia. Esa fue la enseñanza de Thoreau; esa fue la revolución ética de Gandhi; esa fue la fuerza moral de Martin Luther King.

Es, si se me permite, una movilización cultural. Una forma de transgredir la resignación antes que la ley; una manera de ampliar la democracia antes que de sustituirla. No busca gobernar desde la calle sino impedir que el poder deje de escuchar a la calle. Tal vez Colombia necesite convertir la desobediencia civil en una práctica democrática permanente, capaz de enfrentarse, sin odio y desde la noviolencia, a sus tres enemigos históricos: la guerra, la corrupción y la discriminación. Solo así dejará de ser una herramienta ocasional de la oposición para convertirse en un patrimonio ético de la ciudadanía.

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