Tunja está, otra vez, en el limbo. Un alcalde destituido, una encargada foránea y unas elecciones atípicas que se asoman en el horizonte como una cita que nadie pidió, pero que todos tendrán que atender. El que llegue encontrará un escritorio cargado de pendientes y poco más de un año para despacharlos, tiempo que en la política local suele alcanzar apenas para acomodar la silla y aprender los nombres del personal. Pero hay una tarea para la cual ese plazo alcanza y sobra, si es que alguien decide, de una vez por todas, tomársela en serio: el Plan de Ordenamiento Territorial, un expediente que la ciudad lleva demasiado tiempo cargando como quien carga una deuda que heredó y prefiere no mirar.

El POT no es un simple documento de escritorio. Es el instrumento que le dice a una ciudad cómo crecer durante los próximos doce años, dónde construir, dónde no hacerlo y bajo qué condiciones, y es también la hoja de ruta que ordena la vida cotidiana de quienes la habitan: el barrio que se desarrolla, la vía que se abre, el espacio público que se protege, la vivienda que se hace posible o imposible según lo que ese instrumento señale.

Ahora bien, la historia de por qué Tunja lleva tanto tiempo sin esa hoja de ruta actualizada tiene más sombras que luces. En síntesis, Fúneme llevó el proceso hasta Corpoboyacá, la entidad del Estado encargada de velar por el medio ambiente en Boyacá y que debe dar el primer aval antes de que el POT pueda seguir su camino hacia el Concejo Municipal, y fue allí donde encontró una puerta cerrada. ¿Qué la cerró exactamente?, es una pregunta que el expediente no responde del todo. El ‘Profe Ruso’ llegó después con años por delante y con la oportunidad servida, y aun así el proceso quedó exactamente donde lo había encontrado, como si moverlo hubiera requerido un esfuerzo que ningún cálculo político justificaba. La ciudad cargó, una vez más, con el peso de una decisión que otros prefirieron no tomar.

Lo que queda detrás de esa omisión no es solo un expediente sin firmar. Es una ciudad que le cobra la factura a sus habitantes de la manera más silenciosa y más efectiva: en el precio de la vivienda, que sube con una terquedad que ya no sorprende a nadie, pero que sigue golpeando a todos. Sin reglas claras de ordenamiento, los constructores no tienen certeza jurídica para invertir; pero, además, en ese vacío normativo más de uno ha encontrado la oportunidad de especular con el valor del suelo, de apostar a que la incertidumbre les resulte más rentable que cualquier reglamentación. Cuando quienes deben construir prefieren esperar a que el mercado suba, la oferta de vivienda nueva se contrae, y cuando lo que la gente necesita escasea, los precios se elevan. No hace falta ser urbanista para entender esa cadena. Basta con haber buscado apartamento en Tunja en los últimos años y haber visto los números en pantalla con una mezcla de incredulidad y resignación.

El mandatario que llegue tendrá sobre su escritorio, entre tantas urgencias, esta oportunidad que la política reparte con muy poca frecuencia: la de resolver algo que sus antecesores esquivaron con una disciplina que, hay que reconocerlo, exige su propio tipo de talento. Sentarse en serio con Corpoboyacá, resolver los obstáculos que frenaron el proceso, llevarlo al Concejo Municipal y dejar ese instrumento funcionando. Un mandato no se mide por su duración sino por lo que deja, y la actualización del POT es de esas acciones que una ciudad recuerda durante décadas, no por la fotografía de los ilustres con el documento bajo el brazo, sino porque sus efectos se sienten en la vida de quienes la habitan.

La pregunta, la misma que Tunja se viene haciendo desde hace bastantes años, es si quien llegue entenderá la magnitud de lo que tiene entre manos, o si descubrirá, como sus antecesores, que postergar también es una forma de gobernar.

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