La investigación señala que las víctimas se vieron en la obligación de entregar distintas sumas de dinero para evitar el sellamiento de las minas.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento de Tunja condenara a dos exservidores públicos del municipio de Chivatá por exigir dinero a los arrendatarios de dos minas de carbón para evitar el cierre de sus operaciones. Los hechos ocurrieron hace cerca de 10 años.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, los condenados son José Adolfo Bautista Bautista, quien se desempeñaba como inspector de Policía, y Albeiro Saúl Hernández Vásquez, entonces intendente jefe de la estación de Policía de Chivatá. Ambos fueron hallados responsables del delito de concusión.

«Los sentenciados aprovecharon sus investiduras para exigirles dinero a los arrendatarios de dos minas de carbón ubicadas en Chivatá. Las víctimas se vieron en la obligación de entregar distintas sumas de dinero en efectivo a los ahora condenados para evitar el sellamiento de los socavones. Sólo de esa manera no verían afectadas sus actividades económicas», sostuvo el ente investigador.

Para la Fiscalía, Bautista y Hernández actuaron con pleno conocimiento y voluntad para obtener provecho económico indebido, lesionando gravemente la función pública y la confianza de la comunidad en las instituciones del Estado.

Tras valorar el material probatorio, el juez declaró penalmente responsables a Bautista y Hernández, imponiéndoles una pena de ocho años y dos meses de prisión. Asimismo, cada uno deberá pagar una multa equivalente a 68,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Adicionalmente, quedaron inhabilitados por seis años y diez meses para ejercer funciones públicas.

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