El cabildante asegura que ha recibido presuntas amenazas contra su integridad personal, la de su familia y su ejercicio político. Los hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

En las últimas horas, el concejal Román Quintero Corredor denunció públicamente haber recibido amenazas e intimidaciones dirigidas tanto a él como a miembros de su familia. Estos hechos, según afirmó, estarían directamente relacionados con las investigaciones y serios cuestionamientos que ha venido realizando sobre la ejecución del contrato firmado entre la Alcaldía de Tunja y la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías.

Dicho contrato, que se suscribió en el 2025, está destinado a la ejecución de obras de infraestructura vial, adecuación de parques, mejoramiento de salones comunales e intervenciones en infraestructura educativa. El convenio tiene un valor superior a los 15.000 millones de pesos y, según la denuncia, sin haber presentado ningún avance físico, la administración local le giró al contratista un adelanto del 95 % del valor total.

“Este contrato es muy famoso y ha venido presentando bastantes situaciones que son óbice de cuestionamientos en materia procedimental en lo que tiene que ver con la contratación en su etapa precontractual, contractual y poscontractual. Estos recursos provienen de la política pública de presupuestos participativos y del Sistema General de Participaciones (SGP)”, dijo Corredor.

El concejal señaló que las denuncias realizadas por la alcaldesa (e) sobre posibles hechos de corrupción alrededor del contrato también motivaron la presentación de información ante los organismos de control.

En medio de amenazas, concejales y comunidad exigen respuestas

De acuerdo con Quintero, personas desconocidas habrían utilizado a familiares y amigos para hacerle llegar los mensajes intimidatorios. Además de las amenazas contra su vida y la de su entorno, afirmó que se le advirtió sobre la puesta en marcha de presuntas campañas de desprestigio en su contra para enlodar su imagen con narrativas falsas.

“Manifestaron unos mecanismos para adelantar posibles retractaciones de lo que yo he venido diciendo en sesiones del Concejo o a través de mis redes sociales”, señaló el cabildante, quien confirmó que la situación ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Personería Municipal.

Frente a las responsabilidades, indicó que no puede identificar directamente a los autores, aunque considera que provienen de sectores interesados en la ejecución de dicho convenio.

Respecto al avance de las investigaciones, destacó la creación de una comisión accidental en el Concejo de Tunja para ejercer control político. No obstante, aseguró que persisten numerosas dudas debido a las presuntas inconsistencias entre la información suministrada por la Secretaría de Contratación, los representantes de Don Matías y los registros de la trazabilidad financiera de los recursos.

Finalmente, el concejal reiteró que no detendrá su ejercicio de control social. “A la ciudadanía hay que manifestarle que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo juicioso. Aquí la intención no es poner el palo en la rueda, sino que las comunidades vean reflejadas las obras oportunamente y con calidad”, concluyó.

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