El contrato estaba destinado a la ejecución de obras de infraestructura vial, adecuación de parques, mejoramiento de salones comunales e intervenciones en infraestructura educativa.

El Concejo de Tunja adelantó una comisión accidental para hacer seguimiento al contrato 1767 del 2025, suscrito entre la Alcaldía Mayor de Tunja y la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías S.A.S. por un valor superior a los 15.000 millones de pesos, destinados a obras de infraestructura vial, educativa y comunitaria.

El orden del día incluyó la presentación del informe de ejecución, avance físico, financiero y estado actual del contrato, dado que uno de los motivos que ha suscitado mayores interrogantes y cuestionamientos es que al contratista se le transfirió cerca del 95 % del valor total del convenio, es decir, más de 14.300 millones de pesos.

“Este anticipo se dio sin que existiera una garantía que amparara estos recursos. Hay obras que ya presentan deterioro, hay otros frentes que no han iniciado, obras que no se ven, a pesar de que estos recursos, como ya lo expuse, fueron girados. Las demoras en la ejecución a la fecha son significativas y se han vuelto imposibles de ocultar”, manifestó la alcaldesa (e) de Tunja, María Paula Jiménez.

La mandataria expuso, además, que entre las irregularidades detectadas estarían la falta de documentos para reiniciar obras, ausencia de informes de interventoría solicitados, retrasos en vías urbanas y rurales, salones comunales con avances mínimos y la falta de respuesta del contratista a los requerimientos de supervisión.

Aunado a lo anterior, aseguró además que, la situación podría ir más allá de simples retrasos administrativos y advirtió sobre posibles conductas con implicaciones disciplinarias, fiscales y penales.

“Lo que tenemos frente a nosotros no se trata simplemente de un descuido o una desorganización. Hay indicios de presuntos actos de corrupción de magnitudes que aún estamos dimensionando (…). Presuntamente funcionarios de alto nivel de algunos entes de control y posiblemente de la administración municipal podrían estar involucrados en esta situación”, señaló Jiménez.

Ante este panorama, la administración municipal confirmó que estudia la posibilidad de declarar formalmente el incumplimiento del contrato, mientras se adelantan revisiones jurídicas y técnicas sobre la ejecución de estos recursos públicos.

“Reiteramos también nuestra disposición para implementar las medidas correctivas a las que haya lugar bajo las buenas prácticas de la gestión de proyectos. Dejar constancia de que quienes aquí estamos en este momento no seremos cómplices del silencio”, finalizó la alcaldesa.

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