La operación de proyectos mineros constitucionalmente protegidos y legalmente concesionados que se ejecutan con responsabilidad ambiental y licenciamiento social, comportan para los territorios y comunidades notable desarrollo y crecimiento económico, fuentes de empleo formal, mejoramiento de calidad de vida y bienestar colectivo progresivo que permite reducir las desigualdades sociales. Indefectiblemente, la minería legal y sostenible se traduce en una actividad con un impacto económico y fiscal determinante para la Nación, por mencionar un solo dato, para la vigencia 2025, muy a pesar de la sombría agenda política gubernamental ensañada contra el sector minero, las regalías superaron los 4 billones de pesos.

En los diversos escenarios y plataformas tecnológicas de discusión pública y social impera la preocupante tendencia del desconocimiento y desinformación sobre la actividad minera legal, segura y ambientalmente responsable.

Conviene, ante este confuso, injusto y despiadado panorama, precisar que las actividades mineras legales están amparadas por un contrato de concesión minera debidamente otorgado por la autoridad minera y habilitado para ejecutar con instrumentos de planeación técnica y ambiental: Programa de Trabajos y Obras -PTO- y Licencia Ambiental.

Ad portas de culminar un cuatrienio constitucional regentado bajo un gobierno de visión horripilantemente antiextractivista, donde prevaleció más la ideología y fanatismo sobre el debate de rigor técnico, el diálogo y consenso con los gremios y productores, el sector minero ha sido diezmado por falta de garantías y satanizado hasta el cansancio en la nociva cruzada del Gobierno nacional: un paquete regulatorio nocivo: cargas tributarias inconstitucionales, restricciones y decretazos atentatorios de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas para títulos mineros otorgados, un nefasto proyecto de “Ley Minera para la Transición Energética Justa…” que más que una proyecto legislativo para surtir un debate racional y democrático, se impone como un código antiminero, decisiones de gobierno que no solo aniquilan las garantías para operar y amenazan seriamente la iniciativa privada, sino que alejan por completo la inversión extranjera.

A pocos días de la elección presidencial, la expectativa no puede ser menor, los colombianos, la industria minera y sectores productivos empresariales tenemos en las urnas una cita con la historia, recuperar el rumbo de la Nación evitando elegir al candidato presidencial del gobierno quien, con más fundamentalismo representa la misma agenda ideológica del malhadado gobierno de turno.

Para el cuatrienio 2026-2030 no puede ser otro el desafío: contar con un poder ejecutivo que lidere un programa y visión gubernamental que robustezca un marco normativo y definitivo para blindar de garantías jurídicas y reglas claras al sector minero e industrial, que supere la crisis de confianza, sin empresas sólidas y fuertes no es posible pensar un crecimiento económico sostenible.

«…la industria carbonífera sufre permanentes ataques regulatorios, que buscan prohibir la actividad con efectos reales y muy graves sobre la confianza inversionista en una industria donde se requieren inversiones millonarias en una perspectiva de muy largo plazo. (…) En su proyecto busca prohibir la explotación a gran escala y sustraer áreas mineras a través de resoluciones con reservas temporales ambientales. Ya no saben qué más inventar para dar gusto al señor Petro en esta cruzada personal». Germán Vargas Lleras. (Columna dominical Diario El Tiempo, 20 de abril de 2025)

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