En Tunja se ha abierto un debate necesario, pero mal enfocado. Las recientes protestas del gremio de taxistas, sumadas a los comunicados institucionales posteriores, han puesto sobre la mesa una discusión que va más allá de la legalidad de las plataformas o de la defensa de un sector económico: se trata, en esencia, de la calidad del servicio público y del lugar que ocupa el ciudadano dentro de esa ecuación.

Porque hay una verdad incómoda que no puede seguir ignorándose: el usuario en Tunja no se siente bien atendido.

No es una percepción aislada. Son múltiples las quejas sobre vehículos en mal estado, fallas en los taxímetros, conductores que no corresponden a la identificación visible o tarjeta de control, condiciones de incomodidad para el pasajero y, en algunos casos, un trato que está lejos del ser lo que debería ser un servicio público digno. Y aquí es donde el debate se vuelve serio: no se puede exigir respaldo ciudadano cuando no se garantiza un servicio de calidad.

El gremio de taxistas tiene derecho a protestar, a organizarse y a exigir mejores condiciones. Eso no está en discusión. Lo que sí debe discutirse es la coherencia entre lo que se exige y lo que se ofrece. Porque cuando la ciudadanía percibe que hay más presión para restringir la competencia que para mejorar el servicio, la legitimidad se debilita.

Y es precisamente esa legitimidad la que hoy está en juego.

El reciente comunicado de la Alcaldía de Tunja, tras la jornada de diálogo con el gremio, evidencia voluntad institucional, pero también deja vacíos preocupantes. Se habla de operativos, de control al transporte informal, de mesas técnicas y de posibles medidas como el pico y placa. Sin embargo, no hay una respuesta clara frente a las fallas del servicio que el ciudadano experimenta a diario. Tampoco hay un reconocimiento explícito de las afectaciones generadas durante las jornadas de protesta, ni medidas concretas para garantizar que estas situaciones no se repitan.

Defender al usuario no es mencionarlo en un comunicado. Es ponerlo en el centro de la política pública.

Aquí es donde la responsabilidad institucional se vuelve ineludible. La Alcaldía de Tunja y en articulación con la Gobernación de Boyacá, tiene el deber de equilibrar los intereses en juego, pero sobre todo de hacer valer los derechos de la ciudadanía por encima de cualquier presión sectorial. El transporte público no es un privilegio del gremio, es un servicio para la gente.

Y eso implica decisiones de fondo:

• Implica control real, no solo operativos visibles.
• Implica verificar que quien conduce esté autorizado.
• Implica garantizar que los vehículos cumplan condiciones mínimas de seguridad, higiene y comodidad.
• Implica asegurar transparencia en las tarifas.
• Implica, en definitiva, dignificar el servicio.

Porque mientras esto no ocurra, el debate sobre plataformas digitales seguirá creciendo, no por moda, sino por necesidad. La ciudadanía no está tomando partido ideológico: está buscando alternativas que le brinden lo que el sistema actual no está garantizando.

Tunja no necesita una guerra entre taxis y plataformas. Necesita un sistema de movilidad que funcione. Un sistema donde la legalidad no sea excusa para la mediocridad. Donde la regulación no proteja ineficiencias. Y donde el ciudadano no tenga que elegir entre lo “legal” y lo “digno”.

El verdadero reto no es prohibir ni imponer. Es transformar. Porque exigir derechos es legítimo, pero garantizarlos es obligatorio. Y hoy, en Tunja, esa obligación sigue pendiente.

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