El concepto y las formas de valorar la minería en Colombia deben trascender los pulsos políticos y dejar de ser determinados por el Gobierno de turno, para establecerse como un eje de impulso para las regiones internas y externas.
No se trata de inventar nada a su alrededor, sino de lograr que se articulen tres pilares fundamentales:
- Seguridad jurídica.
- Cohesión en la institucionalidad.
- Integración profunda con la tecnología y la inteligencia artificial (IA).
La politización de la industria ha hecho que las decisiones técnicas, jurídicas y ambientales dejen de basarse en evidencia legal para convertirse en herramientas de lucha electoral o ideológica. En muchas ocasiones, se presenta a la minería y al medio ambiente como enemigos irreconciliables, señalando al minero o al empresario como un «depredador» para justificar actuaciones restrictivas. Se ignora, a su paso, que la minería es un derecho al trabajo y una libertad económica protegida.
Necesitamos un Estado que no solo actúe como cobrador de impuestos, sino como un socio técnico que provea geología, tecnología y reglas de juego que no cambien con cada administración. Es imperativo que la minería se establezca como una política de Estado blindada frente a los vaivenes políticos.
La minería no es únicamente una industria exportadora de materias primas; es un aliado de la innovación, el avance y el bienestar. El motor de Colombia nace en nuestras minas y es el resultado del esfuerzo constante del minero.
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