Aunque se han concretado algunos acuerdos, aún falta camino para saldar todos los compromisos firmados el año pasado con los campesinos.

*Por: Yuliana Bohórquez

Como resultado de la mesa de diálogo que tuvo lugar en la ciudad de Tunja, el Gobierno nacional anunció avances en la construcción de acuerdos con la Federación de Parameros seccional Sierra Nevada de El Cocuy, un proceso orientado a garantizar la permanencia de estas comunidades en condiciones dignas, pero sin descuidar este ecosistema.

En el espacio, que se desarrolló en el marco del seguimiento a los compromisos adquiridos tras la movilización campesina de agosto del 2025 en Ventaquemada, se revisaron y ajustaron aspectos fundamentales de la Resolución 1275 del 2014, incorporando aportes de los actores para fortalecer el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección.

En contraste, el Gobierno reiteró que no es viable la revocatoria de la Resolución 1405 del 2018, que delimita el páramo de El Cocuy, debido a razones jurídicas y ambientales, entre ellas procesos en curso ante el Consejo de Estado y la protección del territorio ancestral del pueblo u’wa. No obstante, se anunció el análisis de un proceso de delimitación participativa con toda la comunidad de esa región.

El encuentro también permitió avanzar en una propuesta de zonificación, la cual contempla cuatro categorías de manejo ambiental y excluye expresamente del ámbito de aplicación los páramos delimitados, los resguardos indígenas, los territorios colectivos y las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap).

Asimismo, se alcanzaron acuerdos como:

• El fortalecimiento del enfoque de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, reconociendo su papel en la generación de ingresos, la seguridad alimentaria y la conservación del territorio.
• La inclusión de medidas para prohibir actividades mineras en la Reserva Forestal de El Cocuy, con excepción de la minería de subsistencia de material de arrastre bajo condiciones específicas.
• La eliminación del carácter “transitorio” en algunos apartados de la propuesta normativa, con el fin de brindar mayor estabilidad jurídica.

Además, se incorporaron ajustes en redacción para reconocer el mínimo vital rural y armonizar la regulación ambiental con la realidad social, económica y cultural de las comunidades. Las partes reiteraron su voluntad de continuar avanzando en la construcción de soluciones que permitan equilibrar la protección de los ecosistemas estratégicos con el desarrollo rural sostenible.

*Redacción Boyacá Sie7e Días

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