El proceso de este páramo ahora debe incluir nuevos espacios de participación, además de que enfrenta un complejo panorama legal.

Por: Yuliana Bohórquez

Tras una extensa jornada de diálogo en la ciudad de Tunja, en la que participaron los ministerios de Ambiente y Agricultura, campesinos de la Federación de Parameros seccional Sierra Nevada de El Cocuy, el Ministerio Público y autoridades departamentales, se avanzó en la revisión de los compromisos pactados en agosto del 2025, en el marco del paro registrado en el municipio de Ventaquemada.

En este espacio se discutió la revocatoria de dos resoluciones ambientales: 1275 del 2014, que adopta la zonificación ambiental y el ordenamiento de la Reserva Forestal de El Cocuy y, la Resolución 1405 del 2018, que delimita el área de páramo Sierra Nevada de El Cocuy. El estudio de esta normatividad había quedado pactado en el punto cinco de los acuerdos del año pasado.

El balance de la reunión fue calificado como “muy positivo” por parte de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, y afirmó que se logró avanzar hacia la derogatoria de la Resolución 1275, cuestionada por sus vacíos en participación ciudadana.

“Hoy queremos derogar para poder reconocer los derechos del campesinado. Tiene entonces unos componentes que permiten una nueva zonificación y eso le da oportunidades a los campesinos de esta región de acceder al crédito, por ejemplo, en aquellas áreas que se defina que son de producción campesina”, explicó la funcionaria.

Como siguiente paso, se realizará una nueva publicación del proyecto de derogatoria de esta resolución (que ya ha tenido dos publicaciones), con el fin de recoger observaciones finales lo que dará inicio al proceso de delimitación participativa del páramo.

Sin embargo, el panorama es más complejo frente a la otra resolución, pues este acto administrativo enfrenta una demanda ante el Consejo de Estado que aún no ha sido resuelta, lo que impide su revocatoria directa y obliga a un análisis jurídico más riguroso.

Además, el proceso involucra al pueblo indígena U’wa, que en su momento demandó la resolución por la falta de consulta previa. Este caso incluso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mediante un fallo ordenó al Estado colombiano garantizar los derechos de esta comunidad.

“No podemos avanzar de manera arbitraria ni tampoco de manera azarosa. Nuestra responsabilidad es técnica con el cuidado del ecosistema, pero también con las condiciones de participación particularmente para el pueblo U’wa. Vamos a volver a delimitar el páramo de forma tal que la gente pueda participar activamente”, dijo la ministra.

Javier Vargas, vocero de los parameros, aseguró que existen argumentos técnicos y jurídicos suficientes para avanzar en la derogatoria sin dilaciones, aunque reconoció que el proceso podría extenderse por las complejidades legales.

En el fondo del debate está la inconformidad de las comunidades frente a decisiones ambientales que, según denuncian, fueron adoptadas sin su participación y que han afectado tanto las actividades agropecuarias como el derecho a la propiedad sobre sus predios.

Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre los tiempos de implementación, debido a que el cambio de Gobierno se aproxima cada vez más. “Nos preocupa porque sabemos que si sale otro gobierno pues va a cambiar la dinámica y van a llegar de pronto a tomar venganza acabando lo que se construyó con este Gobierno”, manifestó Vargas.

El Gobierno nacional aseguró que continuará impulsando estos diálogos hasta el final del periodo presidencial, con el objetivo de garantizar tanto la protección del ecosistema como los derechos de las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

Redacción Boyacá Sie7e Días

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