Hace algunas semanas, en esta misma columna, advertíamos que el caso del llamado ‘alcalde ruso’ no era un simple episodio pintoresco de la política local, sino un proceso jurídico serio que avanzaba en varias instancias y que tarde o temprano obligaría a la ciudad a enfrentar decisiones institucionales de fondo.

Hoy Tunja amanece, otra vez, haciendo cuentas: nulidad electoral confirmada, encargos administrativos, elecciones atípicas en el horizonte y una ciudadanía que ya no sabe si indignarse, resignarse o simplemente apagar el televisor. Lo que parecía una discusión jurídica lejana terminó convirtiéndose en una realidad política concreta para la ciudad.

Pero sería un error reducir todo a la caída de un alcalde o a la anécdota de un personaje exótico en la política boyacense. Lo ocurrido en Tunja es, en realidad, el resultado previsible de un sistema político que trató la Alcaldía como un experimento y a la ciudad como un laboratorio de apuestas personales.

La nulidad de la elección no cayó del cielo. Estaba anunciada en los contratos firmados en plena vigencia de las inhabilidades, en los avales entregados sin el rigor suficiente y en esa costumbre tan extendida de convertir las advertencias jurídicas en simple ruido de campaña.

Los partidos sabían, o tenían el deber de saber, que no se puede mezclar contratación estatal con aspiraciones electorales en el mismo territorio. Las normas existen precisamente para evitar que el poder político se confunda con los intereses contractuales. Sin embargo, se eligió correr el riesgo. Y la cuenta llegó.

Visto desde la perspectiva de la administración pública territorial, lo que está en juego no es únicamente un nombre en el Palacio Municipal. Cada nulidad genera fracturas en la continuidad del gobierno local: se frenan decisiones de planeación, se aplazan proyectos estratégicos y se debilita la capacidad institucional para responder a problemas de movilidad, seguridad o servicios públicos.

Es cómodo reducir todo al “caso Krasnov”, pero las responsabilidades van mucho más allá. Están los partidos que otorgaron avales sin soportes, los equipos políticos que relativizaron las leyes y, por supuesto, una responsabilidad ciudadana que a veces premia el espectáculo por encima de la solvencia administrativa.

Tunja no necesita un nuevo experimento ni un salvador de temporada. Necesita liderazgo serio, conocimiento real de la gestión pública y compromiso con la institucionalidad. Administrar un municipio no es improvisar discursos ni administrar redes sociales: es conducir un sistema complejo de finanzas públicas y planeación territorial.

Las inhabilidades no son tecnicismos para abogados; son diques de protección diseñados para evitar que la competencia política capture la contratación pública. Cuando esas barreras se ignoran, no solo cae un alcalde: se paraliza una ciudad.

Tunja no merece seguir pagando el costo de la improvisación política. Las ciudades no fracasan por falta de discursos; fracasan cuando quienes las gobiernan nunca estuvieron preparados para administrarlas.

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