Los gobernadores anunciaron que solicitarán a la Corte Constitucional una medida cautelar para que no se cobren los tributos a cigarrillos y licores hasta que haya una decisión de fondo.

Por: Yuliana Bohórquez

Sin un acuerdo definitivo concluyó la reunión entre el Gobierno nacional y los gobernadores del país, convocada para analizar los efectos que tendría en los departamentos el Decreto 1474 del 2025, mediante el cual se adoptan medidas tributarias para atender los gastos del Presupuesto General de la Nación en el marco del estado de emergencia declarado por el Decreto 1390 del 2025.

El encuentro, realizado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, contó con la participación del ministro de Hacienda, Germán Ávila; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt; el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera, y 16 mandatarios regionales, entre ellos el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

Tras la reunión, la FND informó: “Reconocemos la disposición de diálogo expresada por el Gobierno nacional (…). Mantenemos nuestra firme postura en defender los derechos fundamentales a la salud, la educación y el deporte, y por tanto defender las rentas cedidas a los departamentos que garanticen su prestación a las comunidades en los territorios”.

La Federación agregó que tomará acciones jurídicas. “Solicitaremos a la Corte Constitucional una medida de protección de suspensión provisional de la implementación del Decreto 1474 del 2025, en lo referente al aumento del impuesto al consumo y el incremento del IVA para licores y cigarrillos”, señaló la FND.

Frente a este panorama, el gobernador de Boyacá había advertido en días anteriores que el aumento del IVA a los licores, especialmente al aguardiente, afectaría de manera directa las finanzas del departamento. Según explicó, la medida podría generar una disminución en el recaudo cercana a los 34.000 millones de pesos.

Por ello, planteó que cualquier modificación al impuesto al consumo debe garantizar que los recursos permanezcan en las regiones y que, en el caso del IVA, no se impacte de forma drástica al aguardiente, al ser la bebida de mayor comercialización.

Los gobernadores aclararon que no buscan tumbar el estado de emergencia, sino evitar un golpe fiscal a las regiones. Reiteraron que Colombia es una república unitaria, descentralizada y con autonomía territorial, por lo que cualquier medida que vaya en contravía del mandato constitucional debe ser objetada.

De otro lado, finalizado el encuentro, el Ministerio de Hacienda aseguró: “Se acordó proyectar una nueva reunión en fecha inmediata. Se propone control al contrabando, salvaguarda de ley que reconoce que la erosión de la demanda recae en la Nación y la instrucción de la Corte Constitucional de igualar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) al régimen subsidiado”, trinó la cartera.

Finalmente, los gobernadores ratificaron su disposición a mantener el diálogo y a participar en los espacios que convoque el Ministerio. Por el momento, no hay un pronunciamiento oficial del gobernador de Boyacá sobre las conclusiones de esa reunión.

Redactora de Boyacá Sie7e Días

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