Tras confirmarse en segunda instancia la medida no privativa de la libertad contra Pedraza, señalada como cómplice en la celebración indebida de contratos, el proceso judicial continúa en etapa de juicio en la ciudad de Tunja.
Por: Yuliana Bohórquez.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja, actuando en segunda instancia, confirmó la medida de aseguramiento no privativa de la libertad impuesta a la exgestora social de la capital boyacense, Sara Catalina Pedraza Canaria, dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
El proceso hace parte de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, que el 14 de septiembre imputó cargos al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, a la exgestora social Sara Catalina Pedraza Canaria y a la directora de la Unidad de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán, por presuntamente ofrecer contratos al abogado Juan Sebastián Ramírez a cambio de que retirara una demanda de nulidad electoral interpuesta contra el mandatario local.
Según la Fiscalía, tras la admisión de la demanda en 2023, los hoy investigados habrían contactado a Ramírez y, en enero de 2024, le ofrecieron una vinculación laboral. Aunque inicialmente se intentó concretar un contrato con la Alcaldía de Tunja, este no se firmó y posteriormente el abogado fue contratado por Ecovivienda por un valor superior a los 54 millones de pesos, luego de retirar la acción judicial.
El ente acusador sostiene que la contratación habría sido utilizada para favorecer intereses personales del alcalde, vulnerando los principios que rigen la administración pública. Además, se denunciaron presuntas amenazas al gerente de Ecovivienda para encubrir los hechos.
Por estos hechos, Mikhail Krasnov fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenaza a testigos; Sara Catalina Pedraza Canaria, como cómplice; y Luz Mila Acevedo Galán, como coautora del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Actualmente, la medida de aseguramiento no privativa de la libertad confirmada corresponde únicamente a Sara Catalina Pedraza y consiste en la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerida por las autoridades, así como la prohibición de salir del país. Al alcalde Krasnov también le fue impuesta esta misma medida judicial en primera instancia.
La decisión quedó en firme, no admite recurso alguno y el expediente fue remitido al juzgado que adelanta la etapa de juicio en la ciudad de Tunja.
Redactora de Boyacá Sie7e Días.
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