Me preguntaron si el ‘ruso’ me había mandado a callar o si sus secretarios o concejales me habían intimidado. La verdad es que no. Primero, no tienen ese poder sobre mí, y, segundo, el no hablar u opinar sobre el ‘ruso’ no es por miedo ni por sumisión. Lo he evitado porque este tema, más que polémico, ya resulta cansino. No por la relevancia del caso, sino por la avalancha de perfiles falsos que insultan sin argumento, desde la comodidad del anonimato, sin la gallardía de dar la cara ni de sostener un debate con altura.

Pero hoy no se trata de ellos. Hoy vengo a hablar de hechos, de procesos y de consecuencias jurídicas reales que están configurando el futuro político de Tunja. No se trata de percepciones, rumores o propaganda; se trata de actuaciones judiciales y administrativas que avanzan, muy lentas, sí,  pero decisivas para el rumbo institucional de la ciudad.

Un recorrido jurídico que no puede ignorarse

Recordemos, a manera de contexto para la ciudadanía, dónde estamos:

1. Nulidad electoral en el Consejo de Estado.

El Tribunal Administrativo de Boyacá anuló en primera instancia la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja, por presunta inhabilidad ligada a un contrato celebrado con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) dentro del año previo a la elección.

El proceso pasó en apelación al Consejo de Estado, donde se resolvieron recusaciones que fueron declaradas infundadas. Se ordenó remitir el expediente a la Sección Quinta para decidir de fondo. Sin embargo, han persistido retrasos administrativos en dicha remisión que mantienen a la ciudad en un limbo jurídico.

2. Fiscalía General de la Nación.

Existen actuaciones penales formalizadas mediante escrito de acusación, relacionadas con presuntas irregularidades contractuales y presiones indebidas a terceros. El caso avanza hacia etapas procesales que, de prosperar, podrían llegar a juicio oral.

3. Procuraduría General de la Nación.

Se formularon cargos disciplinarios y, en primera instancia, se profirió sanción de destitución e inhabilidad general por 14 años. Esta decisión se encuentra en trámite de apelación, como corresponde en el marco del debido proceso.

Este conjunto de procesos electorales, penales y disciplinarios no puede minimizarse. Constituyen un escenario serio que compromete la legitimidad institucional de quien hoy ocupa el primer cargo del municipio.

¿Y el aparato judicial? Demoras que también tienen responsabilidad

No basta con mirar solo al alcalde. También es necesario decirlo con claridad: la forma en que parte del aparato judicial ha tramitado este caso también es responsable de la incertidumbre actual.

Las demoras en remitir expedientes, los trámites que se reabren pese a que ya existe cosa juzgada en ciertos aspectos, y la falta de explicaciones públicas sobre los motivos de tales dilaciones debilitan la confianza ciudadana, prolongan innecesariamente la incertidumbre sobre quien gobierna y afectan la gobernabilidad y la planeación administrativa de Tunja.

La justicia tardía también produce daño público. Cuando no hay claridad, siempre aparece la sospecha de quién está detrás ayudando a dilatar, de qué intereses se benefician del limbo. Las autoridades judiciales tienen la obligación institucional de explicar, no de esconder sus tiempos y razones.

Lo que se viene: definiciones inaplazables

Los próximos pasos serán determinantes:

El Consejo de Estado deberá resolver la nulidad electoral, definiendo si la elección se mantiene o cae.

La Procuraduría deberá resolver la apelación a la sanción disciplinaria.

La Fiscalía continuará su trámite penal, que puede escalar a juicio.

En este contexto, algunos juristas con experiencia han mencionado la posibilidad, contemplada por la ley, de acudir al principio de oportunidad. Este mecanismo no es impunidad ni borrón y cuenta nueva. Solo procede bajo condiciones estrictas y supervisión judicial, y podría orientarse a esclarecer hechos y responsabilidades colectivas, no únicamente individuales. Su eventual viabilidad depende exclusivamente de decisiones técnicas de la Fiscalía y de los jueces, así como de la actitud procesal del propio alcalde.

Es prudente que la ciudadanía conozca que esa figura existe. Y también es prudente aclarar que no se activa por conveniencia política, sino bajo parámetros jurídicos rigurosos.

Tunja no puede seguir en vilo

Aquí está el punto central: Tunja necesita certezas.

Necesita saber si el actual alcalde es legítimamente sostenido en el cargo o si, por decisión judicial, debe darse paso a un nuevo escenario institucional. Necesita saberlo no por morbo político ni por interés de bandos, sino por estabilidad administrativa, inversión pública, confianza ciudadana y respeto al Estado de derecho.

No se trata de odio, simpatía o apodos. Se trata de una ciudad que no puede vivir indefinidamente entre suspensiones, recusaciones, dilaciones y titulares judiciales.

Por el bien de Tunja y de quienes la habitamos, las autoridades judiciales deben decidir. Y quienes hoy están en el centro de estos procesos deben responder con altura institucional.

Porque la justicia que actúa con celeridad y transparencia no solamente resuelve un caso. Le devuelve rumbo a una ciudad.

La entrada ¿Se aproxima la caída del ‘ruso’? Tunja exige respuestas y justicia sin dilaciones – Edisson Fabián Barrera Cendales #ColumnistaInvitado se publicó primero en Boyacá 7 Días.