En la reunión que sostuvieron 13 partidos políticos con el procurador general de la Nación, las colectividades mostraron preocupación por la falta de garantías, por parte del Gobierno, en materia de seguridad, de cara a las elecciones del próximo año.

Pero no solo eso, durante el encuentro quedó claro que tiene dudas del manejo que se le está dando a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y por eso solicitaron que la seguridad de los precandidatos y los partidos, especialmente los independientes y de oposición, sea asumida directamente por la Fuerza Pública.

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Así lo anunció Alexander Vega, codirector del Partido de la U, quien dijo: “Queda claro que, dadas las circunstancias, tengo entendido que el señor Procurador anunció hace días que había aperturado una investigación contra la UNP y se están revisando muchos convenios de los senadores frente a la protección, pero queremos que sea la Policía Nacional, dada que hay serias dudas sobre el tema del manejo administrativo de la UNP”.

No obstante, Vega reconoció que el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la protección. “Hay que tener claro, como lo dijo el procurador, que quien tiene que garantizar la seguridad es el Gobierno, el Ministerio Público va a hacer los requerimientos de su labor preventiva”.

En el mismo sentido, Efraín Cepeda, presidente del Congreso, confirmó que se hizo una solicitud para adelantar una reunión con la Fuerza Pública para hablar de las garantías de seguridad.

“El procurador tiene una labor preventiva y por eso hemos pedido que podamos hacer una reunión conjunta con las Fuerzas Militares y de Policía para avanzar en la garantía de seguridad para los candidatos, para los partidos, para las sedes políticas y podamos tener un debate electoral tranquilo y no como hoy se asoma que se parece mucho a aquellas épocas aciagas del narcotráfico que no queremos volver a repetir”, indicó.

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Los jefes de los partidos políticos que participaron en este encuentro confirmaron que no asistirán a la Comisión de Garantías Electorales que preside el Gobierno y permanecerán en la Comisión de Vigilancia y Control Electoral que preside el procurador general, Gregorio Eljach.