Así lo sugirió el director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, quien solicitó a la Fiscalía General de la Nación una investigación inmediata por presuntas amenazas en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de varios líderes políticos y precandidatos presidenciales.

Según afirmó Vallejo en entrevista con La FM de RCN Radio, la advertencia se conoció a partir de información que circula en la seccional de la Fiscalía en Medellín, donde se hablaría de una suma de hasta ocho millones de dólares ofrecida por estructuras criminales para cometer un atentado contra el también exsenador.

El dirigente político precisó que la alerta inicial la emitió el expresidente Uribe en su cuenta de X (antes Twitter) luego de recibir información de organismos de inteligencia internacional. Posteriormente, en horas de la tarde, se conoció de la presunta oferta económica dirigida a atentar contra Uribe, pero también contra la senadora María Fernanda Cabal, el abogado Abelardo de la Espriella y la periodista y precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila.

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Vallejo aseguró que, ante la gravedad de la información, radicó de inmediato una carta dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo, solicitando el inicio de averiguaciones formales. El Centro Democrático busca establecer si la Fiscalía tiene conocimiento oficial sobre esta situación y si la información que circula entre funcionarios en Medellín tiene fundamento y fuente confiable.

Consultado sobre la posible autoría de estas amenazas, Vallejo indicó que la información no menciona a un grupo específico. Sin embargo, recordó que en Colombia existen más de 800 municipios con presencia de estructuras criminales, lo que permite considerar diversas hipótesis, entre ellas la intención de desestabilizar la democracia o de prevenir un eventual cambio de rumbo en la política de seguridad del país.

El dirigente sostuvo que no se puede pasar por alto que estas amenazas coinciden con un contexto político delicado, en el que sectores de oposición han denunciado estigmatización por parte del Gobierno nacional. Vallejo se refirió específicamente a declaraciones del ministro de Energía, Andrés Camacho, quien sugirió que los partidos que no asistan a la Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales podrían no recibir el mismo nivel de seguridad. Según Vallejo, estas afirmaciones generan preocupación e interpretaciones que agravan la tensión entre gobierno y oposición.

En ese sentido, el Centro Democrático también expresó su preocupación por lo que considera una estrategia de intimidación hacia los partidos que no han respaldado las reformas impulsadas por el Gobierno. Vallejo hizo referencia a la carta enviada por el presidente Gustavo Petro al expresidente César Gaviria, en la que se sugiere que los hechos violentos recientes tendrían relación con la votación adversa de algunos congresistas frente a proyectos del Ejecutivo. Para Vallejo, este tipo de afirmaciones constituyen una forma de amenaza y estigmatización contra la independencia del Congreso.

El director del partido aseguró que la Fiscalía debe aclarar si tiene conocimiento formal sobre los comentarios registrados en su sede en Medellín, y le pidió a la fiscal general que informe públicamente al país si existe una amenaza verificada contra los líderes mencionados. Añadió que si esta información proviene de fuentes internas de la Fiscalía, debe investigarse si algún funcionario está filtrando información sensible o actuando por fuera de los canales institucionales.

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Por otro lado, Vallejo consideró que una posible motivación detrás de las amenazas podría ser la percepción de ciertos grupos armados ilegales y narcotraficantes de que un cambio de gobierno que imponga una política de seguridad firme represente un riesgo para sus operaciones.

Finalmente, Vallejo reiteró el llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad de todos los actores políticos, sin distinciones ideológicas, y advirtió que Colombia no puede permitir que su democracia sea amenazada por estructuras criminales. También pidió al Gobierno nacional que condene de manera clara y sin ambigüedades cualquier intento de violencia contra candidatos o miembros de la oposición.