Un nuevo informe financiero y de cartera de las EPS en el primer trimestre de este año 2025, presentó el centro de pensamiento Así Vamos en Salud, con el propósito de mostrar en cifras cómo está en crisis el sistema de salud en el país.
El informe titulado “Análisis financiero y de cartera de las EPS – Primer trimestre de 2025 y resultados de la Circular Conjunta No.30 de 2013 (corte a diciembre de 2024)”, evidencia el deterioro estructural progresivo en las condiciones financieras de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
El documento muestra cómo los resultados encienden las alertas sobre la viabilidad del sistema de aseguramiento en salud en Colombia.
“Con base en información oficial de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio de Salud y Protección Social, el documento muestra una caída sostenida del patrimonio, pérdidas operacionales crecientes y una cartera en mora de magnitud crítica, especialmente entre las EPS intervenidas”, dice.
Apuntó que estas condiciones afectan gravemente el flujo de recursos hacia prestadores de servicios de salud, impactando la continuidad y calidad de la atención para millones de colombianos.
«Durante el primer trimestre de 2025, 23 EPS que entregaron información oficial registraron patrimonio neto negativo de $10,2 billones. Incremento alarmante frente a los -$429 mil millones reportados en el mismo periodo de 2022. Deterioro patrimonial compromete gravemente la solvencia del sistema”, subrayó.
Apuntó que además se refleja la falta de respaldo económico para responder a obligaciones financieras y operativas. y el resultado operacional, es decir la diferencia entre ingresos y costos directamente relacionados con la actividad aseguradora que también muestra un escenario crítico.
“Las EPS muestran pérdidas por $1 billón en los primeros tres meses del año. Los ingresos recibidos a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no son suficientes para cubrir los costos médicos y administrativos. La siniestralidad promedio fue del 102%, superando el umbral del equilibrio financiero. Los resultado del ejercicio que contempla ingresos y egresos totales, incluidos los no operacionales, también fue negativo: –$607 mil millones”, manifestó.
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El informe mostró que estos indicadores reflejan una situación insostenible en la que las EPS, incluso con ingresos extraordinarios, no logran cubrir sus gastos.
“La falta de información financiera de Nueva EPS, la entidad más grande del país, para 2024 y 2025, impide dimensionar el deterioro completo del sistema, pero su omisión sugiere que los resultados reales podrían ser aún más graves. A esto se suma un segundo hallazgo preocupante, el estado de la cartera analizado a partir de los resultados de la Circular Conjunta No. 30 de 2013 a fecha de corte de diciembre de 2024, que cruza la información de cuentas por pagar de las EPS con las cuentas por cobrar de las IPS”, sostuvo.
El documento además señala que a diciembre de 2024, la cartera total reportada por las EPS asciende a $27,6 billones, de los cuales el 91,5 % está vencido (más de 60 días de mora).
“En el régimen contributivo, las EPS reportan $19,8 billones por pagar y las IPS $31,7 billones por cobrar. En el régimen subsidiado, las EPS adeudan $7,7 billones y las IPS reclaman $10,7 billones. La mora afecta directamente la liquidez de hospitales y clínicas, y pone en riesgo la continuidad en la atención a millones de usuarios”, agregó.
Dijo que las EPS intervenidas son las que presentan los mayores niveles de mora al concentrar el 62 % de la cartera vencida y atienden al 57 % de los afiliados del sistema.
“Casos como Nueva EPS, con una deuda total de $10,8 billones (100 % en mora), o Famisanar, con $1,3 billones y el 80 % vencido, muestran la dimensión del problema. La mora se concentra en departamentos como Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Santander, afectando directamente a las regiones con mayor demanda de servicios. Este panorama agudiza la crisis financiera y operativa que requiere respuestas inmediatas”, indicó.
Recalcó que desde Así Vamos en Salud hacemos un llamado urgente a las autoridades y a los tomadores de decisión para:
• Activar mecanismos de inyección de liquidez para garantizar el flujo de recursos a los prestadores.
• Cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional que exigen proteger el derecho fundamental a la salud.
• Fortalecer la supervisión de los planes de recuperación financiera de las EPS.
• Mejorar la depuración de la cartera y la conciliación entre EPS e IPS.
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