Desde Cartagena, en el marco de la 59ª Convención Bancaria, la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, expresó su rechazo a la intención del Gobierno Nacional de convocar por decreto una consulta popular, luego de que el Senado la negara en trámite regular.

Lacouture fue enfática en señalar que “la Constitución de Colombia es clara: el Senado, en uso de su competencia, tramitó y negó la consulta popular siguiendo el procedimiento legal. Esa decisión es válida, legítima y obliga su acatamiento”.

Advirtió que insistir en convocar una consulta por decreto equivale a “desconocer el orden constitucional y la separación de poderes”. Según la dirigente gremial, este tipo de decisiones deben enmarcarse en los canales que establece la ley y respetar la institucionalidad.

En ese sentido, hizo un llamado a las entidades competentes para que actúen con urgencia en defensa del Estado de Derecho. “Corresponde a la Corte Constitucional revisar la constitucionalidad del decreto; al Consejo de Estado actuar como juez de lo contencioso administrativo; a la Registraduría verificar los requisitos legales antes de avanzar; a la Procuraduría intervenir en defensa del orden jurídico; y a la Contraloría vigilar el uso de los recursos públicos”, señaló.

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Desde AmCham Colombia y también en representación de Aliadas, Lacouture reiteró que cualquier iniciativa de reforma debe construirse desde el marco institucional. “No se puede cambiar la Constitución de acuerdo con las necesidades coyunturales. Las reformas se deben tramitar en el Congreso y ajustarse a lo que está previsto en la democracia y la Constitución”, afirmó.

Respecto al contenido de la reforma laboral, reconoció que el país necesita avanzar en esta materia, pero enfatizó que debe hacerse de manera técnica, responsable y con visión de sostenibilidad.

“El país necesita una reforma laboral que esté alineada con la reducción de la informalidad, la generación de empleo y la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, que los jóvenes puedan acceder a empleos flexibles y con procesos de aprendizaje que les permitan integrarse de manera adecuada al mercado laboral”, explicó.

Finalmente, Lacouture alertó que la incertidumbre generada por decisiones políticas sin sustento constitucional puede afectar la confianza en Colombia como destino de inversión.

“Los cambios constantes en las políticas públicas, especialmente cuando no están establecidos en la Constitución, generan incertidumbre y desconfianza, lo cual impacta directamente en la atracción de inversión y en la estabilidad del país”, concluyó.