A pocas horas de las movilizaciones convocadas por el Gobierno nacional, para los días 28 y 29 de mayo, diversos representantes del sector empresarial y comercial manifestaron su preocupación por los efectos que estas jornadas puedan tener sobre la economía, la movilidad y la estabilidad social.

Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), su presidenta, María Claudia Lacouture, expresó su respeto por el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió sobre los límites que no deben cruzarse. “Es fundamental que su ejercicio no vulnere las libertades de quienes no participan, en particular los derechos a la movilidad, al trabajo y a decidir libremente si sumarse o no, sin presiones”, señaló.

Lea también: «En este régimen de Petro se volvió prácticamente prohibido disentir»: presidente de Fenalco sobre el paro

Lacouture también hizo un llamado a que, en el marco de las discusiones actuales sobre la reforma laboral en el Congreso, se privilegie el diálogo y la concertación. “Estas decisiones deben darse sin imposiciones ni tensiones externas, buscando siempre responder a las necesidades y aspiraciones de todos los colombianos, sin afectar la productividad ni el bienestar de la población”, concluyó.

Finalmente, Rodolfo Correa, presidente de Acopi, planteó una visión crítica sobre los objetivos detrás de las jornadas de paro. “Las movilizaciones convocadas para el 28 y 29 no obedecen a la búsqueda de soluciones para los problemas económicos del país, sino que hacen parte de una estrategia de creación de escenarios electorales”, sostuvo.

Correa advirtió que este tipo de movilizaciones generan “polarización y odio entre los distintos sectores, cuando en realidad deberíamos estar trabajando por la unidad nacional y por el desarrollo económico del país que beneficie tanto a trabajadores como empresarios, que en última somos la misma familia”.

Le puede interesar: Cambio del dólar podría reducir sus remesas: así puede optimizarlas con un CDT

Las jornadas de movilización han sido promovidas por sectores afines al Gobierno del presidente Gustavo Petro como una forma de respaldo a sus reformas sociales. No obstante, el rechazo desde los gremios evidencia un escenario de creciente tensión entre el Ejecutivo y parte del sector productivo.