La agencia calificadora Moody’s pidió al Gobierno Nacional “sincerar las expectativas fiscales para este año”, advirtiendo que las proyecciones oficiales han sido optimistas en comparación con otras estimaciones del mercado.

El vicepresidente y analista senior de riesgo soberano en Moody’s, Renzo Merino, señaló que las proyecciones de ingresos han sido revisadas a la baja, mientras que el déficit podría ser mayor de lo anticipado.

“La pregunta ahora es si el Gobierno va a sincerar las expectativas que tienen para este año y eso implica un déficit más alto”, afirmó.

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Aunque desde el Ministerio de Hacienda se tiene una proyección de déficit fiscal alrededor del 5% del PIB para este año, Moody’s estima que podría alcanzar el 6%, dependiendo de la evolución de los ingresos y las decisiones de ajuste en el gasto público.

Merino subrayó que el déficit sostenido y el incremento de la deuda pública podrían incrementar aún más el costo de financiamiento del país, elevando las tasas de interés y reduciendo el margen para inversiones estratégicas en educación, salud y seguridad.

“Es importante que el Gobierno presente estimados creíbles y muestre los esfuerzos para realizar los ajustes necesarios, dado el deterioro fiscal”, enfatizó el directivo.

En ese mismo sentido, la calificadora señaló que aunque los gobiernos pueden flexibilizar su nivel de deuda, mantener déficits elevados en un contexto de crecimiento económico por debajo del 3% es insostenible a largo plazo.

Actualmente, la calificadora de riesgo mantiene una calificación Baa2 con grado de inversión, pero con una perspectiva a la baja y se espera que en junio próximo anuncie si esta calificación bajará para Colombia, principalmente por el elevado nivel de deuda, el incremento en el gasto público y una menor expectativa de ingresos a través de la Dian.

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Reformas sociales

Moody’s afirmó que el impacto de las reformas sociales planteadas por el Gobierno Nacional podrían generar mayor presión sobre las finanzas públicas, por lo que el mercado necesita señales claras sobre cómo la Nación manejará las finanzas públicas en 2025 y 2026, especialmente en un año previo a las elecciones presidenciales.