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Márquez y Santrich, los retos inmediatos de la JEP tras un año

Foto: RETOS JEP

Si el segundo del partido Farc no atiende el llamado en proceso por secuestro, perdería beneficios.

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Un año después de su arranque, tras el cual ha abierto cinco procesos y ha logrado la firma de actas de sometimiento de 11.675 personas –entre exguerrilleros, militares, policías y particulares–, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene dos retos inmediatos: el avance en decisiones sobre los exjefes guerrilleros Iván Márquez y Jesús Santrich, e incluso sobre otros que están hoy con paradero desconocido.


Márquez, quien era el segundo hombre de la exguerrilla, sigue al margen del partido político Farc y dice desde su escondite que cometieron un error al entregar las armas sin que se hubiera concretado la reincorporación. Ya el Gobierno, aunque legalmente no le corresponde, pide que le abran un incidente de incumplimiento en la JEP.

Y Santrich, preso en La Picota y pedido en extradición por Estados Unidos, espera pronto una decisión de la JEP que defina si su caso es de la justicia para la paz o de la ordinaria.

A un año de funcionamiento, 11.675 personas se han sometido a la JEP
Márquez, a un paso de quedar por fuera de la JEP
Gobierno pide a JEP iniciar incidente de incumplimiento a Iván Márquez
En el caso de Márquez, sin que todavía esté abierto un incidente de incumplimiento, como lo pidió esta semana el consejero presidencial para el Posconflicto, Emilio Archila, es un hecho que dentro del proceso por secuestro que tienen abiertos 31 exjefes de las Farc, habrá un llamamiento para que se presenten personalmente, y si Márquez no llega, como todo indica, quedará sometido al incidente de incumplimiento.

Hasta ahora, la mayoría de los 31 exmiembros de la cúpula de las Farc han respondido a los distintos requerimientos de la JEP a través de sus abogados. Sin embargo, el siguiente llamado de la justicia especial debe ser para que, de manera presencial, cada uno de los excomandantes de la antigua organización insurgente responda las contrapreguntas que tienen los magistrados sobre los informes que entregaron los exjefes guerrilleros acerca de los plagios que les atribuyen.

Márquez, salvo que finalmente decida presentarse, quedará legalmente expuesto al incidente de incumplimiento, paso previo a quedar por fuera de la justicia especial a la que tuvo derecho por haber hecho parte del proceso de paz de La Habana.

En el trámite de un incidente de incumplimiento, el sometido a la JEP se expone a perder, en principio, beneficios como la libertad condicional, y en consecuencia a que se ordene su captura. La etapa final del trámite es el envío del procesado a la justicia ordinaria.

Según el artículo 67 de la ley de procedimiento de la JEP (1922 del 2018), un incidente de incumplimiento se abre a petición de “la víctima, su representante, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación o la Unidad de Investigación y Acusación”. Pero de acuerdo con la misma norma, también lo podrán hacer de oficio, motu proprio, las salas y secciones correspondientes de la JEP, cuando encuentren mérito.

En este caso, es competencia de la Sala de Reconocimiento de Verdad, instancia que abrió el proceso por secuestro.

De hecho, los magistrados de la JEP abrieron hace varios meses el primer incidente de incumplimiento y fue contra ‘el Paisa’ (Hernán Darío Velásquez), quien fue el único de los 31 exjefes guerrilleros procesados por secuestro que no entregó informe sobre los casos que le atribuyen.

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Mientras tanto, el caso de Santrich, capturado el 9 de abril del año pasado, viene siendo estudiado por la Sección de Revisión.

La última decisión de esta instancia fue solicitar a Estados Unidos las “evidencias que soportan la solicitud de extradición”, con el fin de tener sustento probatorio y determinar si el proceso contra él es de la justicia especial o de la ordinaria.

El punto de partida para tomar esa decisión es la fecha de ocurrencia del delito que le imputan: conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos. Si la JEP encuentra que lo cometió después del primero de diciembre del 2016, cuando el Congreso ratificó el acuerdo de paz, el caso pasa a la justicia ordinaria y la decisión sobre la extradición de Santrich será del resorte de la Corte Suprema.

El plazo que se dieron los magistrados para evaluar las evidencias contra el exguerrillero vence el 28 de enero, por lo que se espera que a mediados de febrero haya una decisión. Ayer, de hecho, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, confirmó que habrá decisión antes de que termine febrero.

‘Somos una justicia de paz, no de retaliación’
En el encuentro ‘JEP y víctimas, balance y proyección’, en el que esa justicia transicional hizo ayer un corte de cuentas de su primer año de labores, la presidenta de esta jurisdicción, Patricia Linares, resaltó que en su arranque los magistrados se han empeñado en llevar a cabo “un proceso de construcción de confianza” y que, “a un año escaso de iniciar funciones muestra resultados confiables y tangibles”. Destacó que en los cinco primeros casos abiertos (ver gráfico) agrupan unas 32.000 víctimas. “Somos una jurisdicción de paz, no de retaliación, para la superación de causas estructurales del conflicto que ha dejado más de 8 millones de víctimas”, enfatizó Linares.

Fuente: El Tiempo

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