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Jardines infantiles ilegales y otras tragedias del barrio Santa Fe

Foto: tragedia

La zona de tolerancia donde fue víctima de tortura niña de 3 años, en la mira de las autoridades.

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La violación y tortura de una menor de 3 años en un jardín infantil, al parecer clandestino, del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, puso en la agenda pública la discusión sobre la conveniencia de mantener o no la zona de tolerancia autorizada en ese sector desde el 2002.


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El tema fue planteado por 12 colectivos cívicos que trabajan por los derechos de las mujeres, tras la tragedia de la menor. De manera conjunta exigieron a las autoridades acciones concretas para la protección de la infancia y adolescencia y discutir sobre la conveniencia o no de continuar dando el tratamiento de zona de tolerancia al barrio Santa Fe, un lugar donde se le permite a las adultas ejercer la prostitución.

Los colectivos aseguraron que “desde el 2004 (dos años después de su creación) un informe de la Contraloría denunció que la ‘zona de tolerancia o alto impacto’ establecida en Bogotá tuvo efectos en el aumento del microtráfico, explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, mujeres y población trans y asesinatos”.

Allí, hace dos años, Karen Johanna, una adolescente, fue sometida a la drogadicción para posteriormente ser explotada sexualmente, torturada y asfixiada hasta la muerte en una de esas residencias. Es el mismo barrio donde el pasado lunes 30 de abril fue violada y torturada una pequeña de tres años, que hoy se recupera en el hospital Santa Clara.

El número de asesinatos, entre enero y marzo del 2018, ha aumentado en la localidad de Los Mártires, a la que pertenece el barrio de Santa Fe: en el 2017 hubo nueve homicidios en este lapso y en el 2018, 12.

Entidades de todos los niveles distritales y nacionales pusieron la lupa sobre esta zona y la menor agredida.

Una cosa es ejercer la prostitución y otra es que haya tráfico, armas, delincuencia, violación a menores
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EL TIEMPO consultó la opinión de la mesa directiva del Concejo sobre el debate de si mantener o no la zona de tolerancia. El presidente, Daniel Palacios Martínez, aseguró que es el momento para hacer una evaluación clara de cómo está operando ese espacio y de convocar a una mesa técnica con todas las instituciones del Distrito para hacer una revisión de cara a la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial sobre el uso del suelo para determinar cómo deben operar esos sitios, afirmó.

Xinia Navarro, primera vicepresidenta, llamó la atención sobre las ciudades desarrolladas donde existe control y acompañamiento estatal de estas zonas que en su concepto deben dejar de denominarse ‘de tolerancia’ para llamarlas ‘de alto impacto’, como lo establece el POT. En su opinión “se necesita presencia estatal para mitigar la criminalidad, pero sin afectar a las comunidades que viven y trabajan legalmente en la zona”.

Lucía Bastidas, segunda vicepresidenta, afirmó que “sí le llegó la hora a la zona de tolerancia. Una cosa es ejercer la prostitución y otra es que haya tráfico, armas, delincuencia, violación a menores”, advirtió. Recordó que hace dos años ella denunció que indígenas que se ubican en esa zona venden a sus hijos y que eso no tiene ninguna justificación.

Sobre el caso de la menor agredida, el procurador, Fernando Carrillo, anunció que investigarán al ICBF por sus actuaciones antes y en el momento de la agresión de la pequeña y sugirió que este caso se trate como tentativa de feminicidio.

El fin de semana, en la localidad de San Cristóbal se llevó a cabo un operativo liderado por la Secretaría de Seguridad, con la Policía, el ICBF y la Personería, en el que se logró rescatar a siete menores de los establecimientos donde los cuidan de manera irregular. “Montamos el operativo en pocas horas, personalmente fuimos y rescatamos a estos menores entre los ocho meses y 17 años de edad”, informó el secretario de Seguridad, Daniel Mejía.

También se pronunció Karen Abudinen, directora del ICBF, quien tras aclarar que el Instituto tiene bajo su custodia a la pequeña, invitó a la ciudadanía a denunciar oportunamente situaciones que pongan en riesgo la infancia y así evitar que casos como los de la niña de tres años vuelvan a suceder.

Sobre la operación de estos ‘jardines’ que funcionan en lugares no aptos para la protección y orientación de niños y niñas, y en donde aparentemente habría sido agredida la pequeña que hoy se recupera en el hospital Santa Clara, la Secretaría de Integración Social manifestó que se han adelantado acciones de inspección, vigilancia y control sobre 1.000 jardines privados en la capital.

“Al 64 por ciento de estos se les estableció plan de mejoramiento por fallas en estándares de calidad como nutrición y salubridad, ambientes seguros, procesos pedagógicos y talento humano”, confirmaron en la entidad. Este diagnóstico se hizo después de realizar 855 visitas en toda la ciudad, incluida la localidad de Santa Fe.
“De enero a diciembre de 2017 se recibieron 425 quejas y se radicaron 401 por fallas en el funcionamiento de jardines privados. De estos, 40 correspondieron a casas de cuidado sin ningún requisito legal cumplido, todas por alguna queja de ciudadanos, quienes identificaron los jardines ilegales”, dijo la entidad.

La ruta trágica de la menor de tres años agredida en Bogotá
Así va la salud de la menor de 3 años agredida:
La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente informó que la niña “continúa recibiendo los servicios de salud especializados que se requieren para garantizar su atención y su pronóstico de salud es de evolución satisfactoria”.

Fuente: El Tiempo

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